Más de un centenar de personas marcharon en Puerto Madryn, sur de Argentina, para repudiar el dictamen de un fiscal que favoreció a un grupo de hombres acusados de violar a una adolescente al considerar que fue un caso de "abuso simple" por "desahogo sexual".
En un principio el caso había sido calificado como "abuso sexual con acceso carnal agravado" por la participación de seis personas. Pero el fiscal Fernando Rivarola cambió la figura para poder solicitar un juicio abreviado, con penas inferiores a 3 años, es decir con cárcel en suspenso.
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Además desistió a tres que eran menores de edad en el momento del hecho.
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La víctima tenía 16 años en 2012 cuando fue violada por el grupo. El hecho ocurrió en Playa Unión, a unos 60 km de Puerto Madryn, la ciudad portuaria y turística donde residen los acusados.
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Recién el año pasado, animada por el auge de la lucha feminista en Argentina, la joven se animó a hacer público lo ocurrido y se abrió un expediente judicial.
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"La drogaron, la violaron entre cinco y uno cuidaba la puerta. Después empezó a recibir amenazas y se tuvo que ir de la ciudad", contó a la AFP Silvina Ibarra, una activista feminista de 37 años, organizadora de la marcha.
Los manifestantes, con tapabocas por la pandemia de la covid-19, marcharon por el centro de Puerto Madryn, una ciudad de 115.000 habitantes, a 1.300 km al sur de Buenos Aires, célebre por el avistamiento de ballenas.
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"Son tipos que pertenecen a familias muy poderosas, de la élite de poder de Madryn. Acá nos conocemos todos", agregó Ibarra.
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La marcha en reclamo de "justicia, cárcel a los seis y la destitución del fiscal", pasó por los tribunales y luego recorrió los locales comerciales de propiedad de las familias de los acusados en barrios acomodados.
El repudio a la figura de "desahogo sexual" se hizo viral en las redes sociales y varios funcionarios del gobierno expresaron su rechazo.
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"No toleramos más que se dé la espalda a las víctimas", reaccionó el ministro del Interior, Wado de Pedro, al pedir que se investigue la actuación del fiscal.
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Según la Fiscalía, la medida fue acordada con la joven atacada y su familia. "Yo no creo eso. Ella quiere que todos paguen y que vayan a la cárcel", aseguró Ibarra.
El juez Marcelo Di Biase aún debe resolver si acepta o no la solicitud de un juicio abreviado.
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