La Procuraduría abrió este viernes una indagación previa contra funcionarios de la Policía para determinar si faltaron apoyos a otros miembros de la institución que intentaban controlar la situación de orden público en el departamento del Caquetá.
La indagación fue abierta tras los enfrentamientos entre indígenas y campesinos contra los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que trataban de contener una protesta frente a las instalaciones de la petrolera Emerald Energy, en la zona rural de San Vicente del Caguán.
Hasta el momento los enfrentamientos dejan tres muertos, dos policías y un campesino, en tanto que la comunidad mantiene retenidos a 78 policías y 9 funcionarios de Emerald Energy.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la fuerza púbica sostuvo que por los enfrentamientos que hubo entre campesinos "se solicitó respaldo en diversas comunicaciones radiales, el cual no habría sido brindado, por lo que pudo facilitarse la retención de varios hombres e incluso los hechos que produjeron el deceso de dos de ellos".
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Para el Ministerio Público es "necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos" y solicitó "practicar pruebas contundentes" para identificar a los mismos y esclarecer si se actuó "al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad".
La protesta frente a las instalaciones de Emerald Energy comenzó hace semanas con la toma de las instalaciones, situadas en el caserío de Los Pozos, en la localidad de San Vicente del Caguán, pero el miércoles aumentó la tensión con la quema de parte de la infraestructura y la intervención del Esmad, unidad antidisturbios de la Policía.
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Por su parte, las comunidades indígenas y campesinas accedieron a las instalaciones de la petrolera para exigir sus derechos sobre la tierra que Emerald Energy explota.
Las manifestaciones comenzaron después de que, tras año y medio de espera, no se construyera la carretera prometida por las autoridades locales y por la empresa petrolera, que asignó una inversión para este proyecto, dijo a EFE Wilman Fierro, concejal de San Vicente del Caguán. "Pasó el tiempo y no se atendió esa necesidad", agregó.
Para solucionar el problema, el Gobierno colombiano envió hoy a una delegación de cinco ministros que tienen como prioridad la liberación de los policías retenidos por los lugareños.
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