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Concejal Fuchi expone sobrecostos y fallas en la calibración de cámaras de fotodetección

Aunque la Secretaría de Movilidad sostiene que la instalación de cámaras de fotodetección busca reducir los siniestros viales, denuncias expuestas por el concejal Fuchi revelan un incremento del 30% en los fallecidos.

¿Cómo funcionan las cámaras de fotodetección en Bogotá y por qué se cuestiona su efectividad?
¿Cómo funcionan las cámaras de fotodetección en Bogotá y por qué se cuestiona su efectividad?
Foto: La Kalle y Movilidad

El concejal Edison Julián Forero 'Fuchi' expuso que la siniestralidad en Bogotá registró un incremento del 30% entre periodos evaluados de forma consecutiva, así lo comentó para El Klub de La Kalle.

Las cifras pasaron de 264 personas fallecidas en eventos de tránsito a un total de 370 víctimas mortales.

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Mira la entrevista completa:

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Frente a estos datos, el cabildante cuestionó la efectividad del modelo, argumentando que si la única estrategia para mitigar la siniestralidad consiste en seguir instalando cámaras, la herramienta pierde su justificación preventiva y se consolida como un instrumento de recaudo.

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En términos de inversión pública, la diferencia económica resulta notable. Mientras que la instalación de elementos físicos de control de velocidad, como los resaltos parabólicos, bordea un costo aproximado de 35 millones de pesos por unidad, la instalación de una sola cámara de fotodetección supera los 500 millones de pesos.

¿Cuáles son las denuncias sobre sobrecostos y fallas técnicas en las fotomultas de Bogotá?

Más allá del debate sobre su efectividad vial, sobre el sistema de fotodetección pesan denuncias fiscales por presuntos sobrecostos en la adquisición de la infraestructura tecnológica.

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De acuerdo con información revelada por el concejal Fuchi, en un convenio reciente firmado entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y la Secretaría de Movilidad para instalar 25 cámaras, se detectaron irregularidades financieras.

Los documentos expuestos señalan que la ETB adquirió el lote de cámaras por un valor de 6.300 millones de pesos, pero posteriormente se las facturó a la Secretaría de Movilidad por 8.500 millones de pesos.

Esta diferencia de 1.500 millones de pesos fue catalogada como un hallazgo fiscal por parte de la Contraloría, sin que hasta el momento se hayan hecho públicos los responsables del detrimento patrimonial.

En el aspecto operativo, se señalan fallas constantes en la calibración técnica de las cámaras. Si un equipo registra un margen de error técnico no ajustado —por ejemplo, de 5 km/h—, el sistema puede emitir fotomultas automáticamente a conductores que transitan a 53 km/h en zonas donde el límite permitido es de 50 km/h.

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Ante este tipo de imprecisiones, los ciudadanos carecen de mecanismos técnicos accesibles para revertir la sanción en las audiencias de impugnación.

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¿Cómo afectan las fallas de validación humana a los conductores capitalinos?

De acuerdo con el procedimiento legal, la orden de comparendo emitida por una cámara automatizada no se cobra de forma directa hasta que un agente de tránsito la revisa y valida manualmente frente a un computador.

No obstante, las evidencias demuestran graves descuidos durante la fase de validación humana.

El concejal Fuchi reveló que se han notificado fotomultas por infracciones como no usar el cinturón de seguridad o exceso de velocidad a vehículos averiados que iban siendo transportados sobre la plataforma de una grúa.

Este tipo de casos demuestra que el agente encargado de revisar las imágenes aprueba los comparendos de forma automática mediante la selección de casillas, sin verificar el contexto real de la fotografía.

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Las consecuencias financieras y administrativas para el ciudadano son severas. Cada fotomulta representa un pago de aproximadamente 600.000 pesos.

En caso de acumular dos o tres infracciones notificadas por el sistema, el conductor se expone a la suspensión de su licencia de conducción y a la imposición de embargos bancarios.

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Según la denuncia del concejal, este esquema coercitivo busca forzar el desuso del vehículo particular y la motocicleta para obligar a los usuarios a trasladarse en el sistema Transmilenio.