Si tienes un familiar atravesando una crisis grave por uso problemático de sustancias o por un trastorno de salud mental, es probable que te hayas preguntado si existe la posibilidad de ingresarlo a un tratamiento aunque se niegue a recibir ayuda.
Este complejo dilema volvió a estar en el centro del debate público tras la desgarradora intervención de Marina Charpentier, madre del músico Chano Charpentier, en el Congreso de la Nación Argentina.
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Durante su testimonio, organizado por el senador Mario Fiad y la diputada Marcela Campagnoli, solicitó una reforma urgente en la normativa vigente para ayudar a las familias de personas con adicciones.
El caso de Chano —quien fue derivado desde el Sanatorio Otamendi hacia la Clínica Avril para continuar su tratamiento de rehabilitación— visibilizó la angustia cotidiana de miles de hogares.
Como expresó su madre al recordar los 20 años de lucha ininterrumpida contra la adicción de su hijo de 40 años, los familiares conviven con la incertidumbre constante de no saber qué ocurrirá al día siguiente.
Su reclamo central apunta a modificar el artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, argumentando que la voluntad de una persona adicta se encuentra tomada por la sustancia y carece del juicio necesario para determinar qué es lo conveniente para su vida.
¿Cuándo se puede internar a una persona contra su voluntad según la ley?
La Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 establece como principio general que las personas con padecimientos mentales o consumo problemático de sustancias deben ser tratadas en hospitales comunes y no en instituciones psiquiátricas monovalentes.
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La norma exige que la atención médica priorice las alternativas terapéuticas más convenientes y que menos limiten los derechos y libertades del paciente, promoviendo su integración familiar y comunitaria.
Bajo este marco legal, ninguna persona puede ser internada sin su consentimiento explícito como regla ordinaria. Sin embargo, la legislación prevé una excepción puntual: la internación involuntaria únicamente procede si un equipo de salud evalúa al paciente y determina que existe una situación de riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros. Asimismo, se requiere comprobar que no existe otra alternativa de tratamiento más eficaz disponible en ese momento.
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Cuando se ejecuta una internación sin consentimiento, la norma obliga a notificar la medida en un plazo máximo de diez horas a un juez y al órgano de revisión correspondiente.
Además, la ley garantiza expresamente que el paciente internado involuntariamente tiene derecho a contar con un abogado defensor, el cual debe ser provisto por el Estado en caso de no disponer de uno privado.
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¿Qué trámite legal debe realizar la familia y quién decide la internación?
Es fundamental que comprendas que como familiar no tienes la potestad directa de decidir o exigir el internamiento inmediato de un allegado. El procedimiento formal disponible para los familiares consiste en solicitar un pedido de evaluación ante un juzgado civil o de familia.
No obstante, el tribunal tampoco ordena la internación por sí solo; la facultad de determinar la hospitalización recae de forma exclusiva en un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud que evaluará la presencia del criterio de riesgo.
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Según explicó a Infobae la médica psiquiatra Gabriela Montanari (subdirectora del Sanatorio San Gabriel, MN 109.009), la internación sin consentimiento constituye la medida más restrictiva y debe aplicarse siempre como último recurso.
Montanari enfatizó que una persona solo puede ser internada involuntariamente si se verifica el riesgo inminente y si el paciente no posee plenas capacidades cognitivas para comprender el peligro al que se expone.
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Este aspecto genera intensos debates entre los especialistas en psiquiatría, quienes destacan que gran parte de los pacientes con patologías graves (como trastornos psicóticos) no tienen "conciencia de enfermedad" y raramente buscarán asistencia por propia voluntad.
En el caso específico de las adicciones, la especialista precisó que cuando el paciente no se encuentra intoxicado o en un episodio agudo, conserva su capacidad cognitiva ante la ley, por lo que legalmente puede decidir si acepta o rechaza recibir tratamiento médico.
¿Cuáles son las críticas y falencias del sistema actual de salud mental?
El debate impulsado por los familiares expone tensiones estructurales en el sistema sanitario y regulatorio. Pese a que han existido iniciativas previas para modificar la legislación vigente, los intentos de reforma no han prosperado en el ámbito legislativo.
Las sociedades científicas y profesionales de la psiquiatría reclaman que no se les ha permitido participar activamente en la formulación de los proyectos de ley.
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A la controversia legal se le suma una profunda escasez de recursos. La directriz oficial contempla el cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes bajo el argumento de evitar la discriminación de los pacientes, promoviendo que las camas se ubiquen en hospitales generales públicos y privados.
Sin embargo, los expertos advierten que la salud pública se encuentra en decadencia y carece de la infraestructura y el presupuesto necesarios para absorber la demanda existente.
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Esta carencia afecta de manera desproporcionada a las familias de menores recursos que no cuentan con medicina prepaga ni cobertura privada para afrontar situaciones de crisis de forma interdisciplinaria.