Recientemente, el concejal de Bogotá y líder del gremio motero Edison Julián Forero, conocido en redes sociales como 'Fuchi', hizo pública una grave denuncia ocurrida semanas atrás en El Klub de La Kalle.
Según detalló el cabildante, tres agentes de tránsito presuntamente agredieron físicamente a un motociclista, lo insultaron y le profirieron amenazas de muerte directas.
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En palabras expuestas por el concejal, los funcionarios amedrentaron al ciudadano afirmando que se lo iban a entregar a su madre "picao de una bolsa".
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Ante este episodio, Fuchi cuestionó públicamente el papel del equipo de control vial y preguntó si esa es la preparación y capacitación que reciben los funcionarios para interactuar con la ciudadanía en la vía pública.
El concejal argumenta que la situación se agrava porque los procesos disciplinarios internos rara vez terminan en sanciones efectivas. Un agente involucrado en procedimientos irregulares o abusos puede pasar años en investigación sin ser sancionado, lo que genera una percepción de constante abuso e impunidad.
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Mientras tanto, la administración municipal dota a estos agentes de motocicletas financiadas con los impuestos de los bogotanos, combustible e incluso subsidios de transporte de carácter personal.
¿Por qué denuncian que los agentes de tránsito actúan como recaudadores de comparendos en Bogotá?
Para comprender la raíz de estos enfrentamientos, debes mirar la estructura de recaudo que maneja la Secretaría de Movilidad.
El concejal Fuchi asegura que la función original de los agentes de tránsito —que debería concentrarse en regular el tráfico, agilizar el flujo vehicular y prestar ayuda a los conductores— ha sido relegada.
En su lugar, denuncia que la movilidad en Bogotá se transformó en un modelo de negocio orientado a cumplir metas financieras mediante el cobro de multas.
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De acuerdo con lo expuesto en el cabildo, la Secretaría de Movilidad fija metas de recaudo presupuestario por concepto de comparendos, lo que obliga a exigir cuotas operativas a los agentes en las calles.
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Por esta razón, el concejal señala que los agentes actúan como "recaudadores" que se ubican en zonas residenciales o de menor tráfico para sancionar a los conductores, en lugar de estar presentes en los puntos con congestión crítica.
A este escenario se suman las fallas administrativas que perjudican de forma directa el bolsillo de los ciudadanos. Muestra de ello fue la anulación de 567 comparendos impuestos a motociclistas durante la noche de Halloween, aplicados horas antes de que entrara en vigencia el decreto restrictivo emitido por la Alcaldía.
Aunque la administración anunció la devolución del dinero, Fuchi recordó que el trámite para que el Distrito reintegre fondos tras la impugnación exitosa de un comparendo o un procedimiento ilegal puede demorarse hasta 6 años.
Además, denunció que el 87% de lo recaudado por concepto de inmovilización en grúas y patios queda en manos del contratista privado, incentivando la inmovilización masiva de vehículos.
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¿Qué responsabilidades tienen los motociclistas y el sistema de movilidad en Bogotá?
El incremento en la venta y uso de motocicletas en la capital no ocurre por casualidad. Como lo explica el concejal, miles de personas prefieren comprar una moto ante la desconfianza e inseguridad que perciben al usar el sistema de transporte público Transmilenio, sumado a la necesidad de encontrar una solución a los trancones y una fuente de trabajo.
No obstante, el propio líder del gremio motero enfatiza que no se debe defender a quienes cometen infracciones de tránsito.
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Fuchi reconoció que existe una porción de motociclistas que incurre en comportamientos inadecuados en la vía, lo que ensombrece la imagen de los conductores trabajadores.
Por ello, ha solicitado al gremio autorregulación, empatía y respeto hacia los demás actores viales, incluyendo a peatones y ciclistas.
Por otro lado, señala que el sistema tiene una responsabilidad directa al comercializar motocicletas sin exigir requisitos de formación.
Actualmente, los concesionarios aprueban créditos y entregan vehículos a compradores sin verificar si tienen licencia de conducción o si cuentan con las competencias básicas para manejar.
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Al intentar regular la venta o mitigar el riesgo a través de iniciativas legislativas, gremios económicos como la Andi y Fenalco rechazan las propuestas para proteger el volumen de ventas del sector.