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La reciente decisión de la Comisión Séptima del Senado de Colombia de archivar la reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro ha generado incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores en el país.
Esta reforma, que buscaba mejorar las condiciones laborales y reducir la informalidad, fue rechazada con ocho votos a favor del archivo y seis en contra.
La reforma incluía medidas como la limitación de contratos a término fijo a un máximo de cuatro años, la ampliación de la licencia de paternidad y el restablecimiento de la jornada nocturna a partir de las 7:00 p.m.
Además, se proponía la formalización de sectores vulnerables, como el trabajo doméstico y el sector agropecuario, y el fortalecimiento de los derechos sindicales.
Tras el archivo de la reforma, diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas convocaron movilizaciones en varias ciudades del país en apoyo a las reformas propuestas por el Gobierno. El presidente Petro declaró este 18 de marzo como día cívico para facilitar la participación de los funcionarios públicos en las protestas.
En Bogotá, miles de personas se congregaron en la Plaza de Bolívar, expresando su respaldo a las reformas y su descontento con la decisión del Congreso. Lo mismo ocurrió en principales ciudades donde varios trabajadores salieron a marchar.
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Ante el rechazo legislativo, el presidente Gustavo Petro propuso una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre las reformas laborales y de salud. Esta estrategia busca sortear la oposición en el Congreso y legitimar las reformas a través del voto popular.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sugirió que la consulta podría coincidir con las consultas interpartidistas programadas para octubre, optimizando recursos y logística.
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Para que la consulta sea válida, se requiere la participación de al menos un tercio del censo electoral, es decir, alrededor de 13,6 millones de colombianos. Este umbral representa un desafío significativo, considerando la histórica abstención electoral en el país.
Además, la consulta implicaría un costo aproximado de 400.000 millones de pesos, lo que ha generado debates sobre su viabilidad financiera.
La caída de la reforma laboral deja en el aire varias iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, algunos sectores expresaron preocupación por el posible impacto económico de la reforma.
Un informe del Banco de la República advirtió que la implementación de la reforma podría resultar en la pérdida de aproximadamente 450.000 empleos formales en un período de tres a cuatro años, debido al incremento en los costos laborales.
El debate continúa, y la participación ciudadana será crucial en los próximos meses para definir el rumbo de las políticas laborales en Colombia.
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