La reforma laboral
impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro
dejó sin efecto varias modificaciones clave que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos.
Entre los puntos que se hundieron con la propuesta, destacan los cambios en los recargos nocturnos, dominicales y festivos, aspectos que habían sido objeto de discusión en el Congreso.
Una de las principales afectaciones para los trabajadores es la no aplicación del incremento en el pago de los dominicales y festivos. La reforma pretendía elevar el recargo del 75% actual al 100%, de manera gradual hasta 2027. Con el archivo del proyecto, esta medida no se implementará, manteniéndose la normativa vigente.
Otro cambio frustrado fue el ajuste en el horario nocturno. La iniciativa proponía que la jornada nocturna comenzara a partir de las 7:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m., como rige actualmente.
Esto implicaba un mayor reconocimiento económico para los trabajadores que laboran en ese horario, ya que el recargo nocturno corresponde al 35% del valor de la hora ordinaria.
Al no aprobarse la reforma, este beneficio tampoco entrará en vigencia.
El hundimiento de la reforma laboral generó reacciones encontradas. Mientras los sindicatos y algunos sectores laborales manifestaron su descontento, argumentando que la propuesta garantizaba mejores condiciones para los empleados, sectores empresariales y opositores al Gobierno celebraron la decisión, señalando que los cambios propuestos podrían haber afectado la generación de empleo y la sostenibilidad económica de las empresas.
Frente a esta situación, el presidente Petro anunció su intención de convocar una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre el futuro de esta y otras reformas clave. Mientras tanto, los trabajadores seguirán sujetos a las actuales condiciones laborales en materia de recargos y horarios nocturnos, sin los beneficios que contemplaba la reforma archivada.
Expertos en materia laboral señalan que la falta de consenso en torno a la reforma refleja las dificultades de implementar cambios estructurales en el mercado laboral colombiano. Aunque el objetivo era mejorar las condiciones de los trabajadores, las preocupaciones sobre el impacto en el sector empresarial y la viabilidad económica del país pesaron en la decisión del Congreso.
Por otra parte, sectores sindicales anuncian que continuarán presionando para que se retomen estas discusiones en el futuro. La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) han advertido que, de no haber avances en materia de derechos laborales, podrían convocarse nuevas movilizaciones para exigir mejoras en la legislación laboral.
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