Fiscalía colombiana pidió la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez

La Fiscalía de Colombia pidió este viernes la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) por supuesto fraude procesal y soborno a testigos, al considerar que las conductas con las que se le vinculó "no tienen la característica de delito".

La decisión la tomó el fiscal Gabriel Jaimes Durán, quien el año pasado fue designado para llevar el caso de Uribe, también exsenador del partido Centro Democrático, en el poder en Colombia.

"Luego de la valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso, el fiscal del caso estableció que varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se le pueden atribuir como autor o partícipe", informó la Fiscalía en un comunicado.

La información añadió que las conclusiones "serán expuestas en diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto" y que "podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, y de quienes reclaman su calidad de víctimas con sus apoderados".

La solicitud para cerrar el proceso se radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá y ahora se asignará a un juez de conocimiento que tendrá que citar a las partes a una audiencia.
La Fiscalía añade que es su potestad "solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar".

En el caso por supuesto soborno a testigos y fraude procesal, Uribe, al ser senador del Centro Democrático, tenía fuero y por lo tanto era investigado por la Corte Suprema de Justicia que el año pasado ordenó su detención domiciliaria en la cual estuvo 67 días.

Sin embargo, el expresidente renunció a su cargo en agosto de 2020 argumentando violaciones y falta de garantías procesales en la Corte, con lo que perdió su fuero de congresista.

Con la renuncia, considerada por la contraparte como una estrategia de Uribe para "evadir a la justicia " y evitar un posible juicio, el caso dio un vuelco y el expediente pasó a la Fiscalía General, donde el expresidente considera que tiene más garantías.

Contraparte considera que decisión es un atropello a la justicia

El senador Iván Cepeda, que en el proceso es víctima, dijo a fe que la decisión del fiscal Jaimes se venía venir y que fue previamente ambientada para hacer parecer que fue "algo legal".

"Eso es un atropello grosero contra la justicia y contra un proceso en el cual hay un inmenso acervo probatorio no solo desde el punto de vista de la solidez de las pruebas que recaudó la Corte Suprema sino también de lo voluminoso que es el expediente, de 1.550 páginas, que elaboró la Sala de Instrucción para pedir la medida de aseguramiento (prisión) contra Uribe", dijo Cepeda a Efe tras conocer la decisión.

Añadió que en los próximos días sus abogados apelarán la decisión ante la instancia pertinente ante el Tribunal Superior de Bogotá, que es el que "tiene la última palabra".

El proceso comenzó en febrero de 2012 cuando el expresidente demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en ese entonces preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa querella se le convirtió a Uribe en un búmeran cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema de Justicia, porque no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación a Uribe por supuesta manipulación de testigos.