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Los siete soldados acusados de violar a una niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento de Risaralda (centro) aceptaron cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice, informó el fiscal general, Francisco Barbosa.
"El día de hoy la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a siete soldados regulares que presentaban su servicio militar obligatorio (...) se les solicitó también medida de aseguramiento en establecimiento carcelario como presuntos responsables del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado", dijo Barbosa en una rueda de prensa en Cali (suroeste).
La niña de 12 años, perteneciente al pueblo embera katío, habría sido secuestrada y violada el lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda (centro) por siete uniformados del Batallón San Mateo.
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La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) hizo pública la denuncia en la mañana del miércoles en un comunicado en el que el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena.
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IRÁN A LA CÁRCEL
El juez Promiscuo Penal Municipal de Pueblo Rico, municipio donde ocurrieron los hechos, decidió enviar a prisión a los militares involucrados, medida que deberá aplicarse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias.
"Ellos mancharon su uniforme y la dignidad de la niñez de Colombia", expresó Barbosa, quien agregó que "en menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos".
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Ante la gravedad de lo ocurrido, el presidente colombiano, Iván Duque, manifestó ayer que el Gobierno va a "enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia", y agregó que si toca "inaugurar la cadena perpetua" aprobada la semana pasada en el Congreso con este caso, se hará.
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El Senado de Colombia aprobó la prisión perpetua para los violadores de niños, iniciativa que reforma el artículo 34 de la Constitución.
PETICIÓN DE LA DEFENSORÍA
La Defensoría del Pueblo pidió este jueves al Ejército y al Ministerio de Defensa que "hagan una investigación exhaustiva para determinar las condiciones institucionales que permitieron que aconteciera este grave hecho".
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"Cuando la violencia sexual además es cometida por miembros de la fuerza pública, a quienes se les confió el uso de las armas del Estado, es una grave violación de los derechos humanos y particularmente de la obligación estatal de respetar la vida, integridad y salud de una menor de edad", añadió el organismo.
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Al respecto, el mayor general Luis Mauricio Ospina, comandante de la Quinta División del Ejército, a la que pertenece la unidad militar involucrada, recalcó que desde que conocieron la información tomaron los "protocolos correspondientes" para que se lleve "a feliz término" la investigación.
Los involucrados en este caso, reclutas de entre 18 y 22 años que prestaban el servicio militar obligatorio, fueron relevados de sus servicios, avanzó Ospina, quien añadió que el caso irá a la justicia penal ordinaria en vez de a un tribunal militar y que el Ejército "seguirá los parámetros que a esto corresponde".
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