Después que fueran divulgados los contratos completos de adquisición de vacunas contra el COVID-19 por parte del Gobierno Nacional con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, el Gobierno acudiría a demandar a aquellos privados que divulgaron estos documentos, pues se violó la cláusula de confidencialidad que sigue vigente con los diferentes laboratorios.
Fuentes le confirmaron a Blu Radio que estas acciones se llevarán a cabo, teniendo en cuenta que las actuaciones judiciales coordinadas por el Consejo de Estado no han terminado por lo que incurriría en un delito el publicar este tipo de documento que está bajo cláusula de confidencialidad.
El Gobierno Nacional ya adelanta conversaciones con las diferentes farmacéuticas involucradas para evitar que los despachos de vacunas de los próximos meses no se vean perjudicados.
No obstante, en el caso que se dé por terminado los contratos, el gobierno deberá pagar el total de las dosis pactadas así no estén en territorio colombiano.
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Por ejemplo, en el caso de Pfizer, que aún falta por entregar cerca de 3.7 millones de vacunas de acuerdo a las 15 millones de dosis pactadas anteriormente con el Gobierno.
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“En el evento en que este acuerdo sea terminado por Pfizer, el comprador pagará, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del aviso de terminación de este acuerdo, el precio total de todas las dosis contratadas, menos los montos ya pagados a Pfizer para esa fecha”, advierte una cláusula de los contratos con esta farmacéutica.
De ser así, y los contratos lleguen a cancelarse, el país deberá pagar 45 millones de dólares extra a pesar que no lleguen más dosis a Colombia. Una deuda de más de 177 mil millones de pesos con Pfizer.
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