Una noticia largamente esperada por miles de familias en Colombia finalmente se concretó. La "Ley Sarita", una iniciativa legislativa crucial para garantizar el sustento de miles de niños y adolescentes, ha superado con éxito todos los debates en el Congreso y está ahora a un paso de convertirse en ley de la República.
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Esta medida busca poner fin a las prolongadas esperas que enfrentan los menores para acceder a sus cuotas alimentarias, un recurso que a menudo representa su mínimo vital.
El proyecto, impulsado por la senadora Liliana Bitar del Partido Conservador, obtuvo la aprobación definitiva en la plenaria de la Cámara de Representantes. Su objetivo primordial es claro, agilizar la entrega de los fondos embargados por concepto de alimentos, que hasta ahora quedaban congelados durante años en entidades bancarias mientras los procesos judiciales avanzaban.
¿Cómo la Ley Sarita mejora el tema de la cuota alimentaria?
La necesidad de la "Ley Sarita" surge de una problemática arraigada en el sistema judicial colombiano. Si bien la ley actual permite el embargo de hasta el 50% del salario o pensión de los padres demandados por inasistencia alimentaria, el dinero retenido terminaba en una suerte de "limbo".
Estos fondos quedaban inmovilizados, principalmente en el Banco Agrario, a la espera de que el proceso judicial concluyera, lo que podía tardar años.
Esta dilación, lejos de proteger a los menores, los dejaba en una situación de vulnerabilidad extrema. En esencia, el sistema, sin intención, perpetuaba una especie de "estafa legal" donde el dinero destinado a los niños no llegaba a sus manos a tiempo, impidiéndoles cubrir necesidades básicas como alimentación, educación y salud. La paradoja es que, a pesar de que el dinero era legalmente suyo, permanecía inaccesible.
¿Quién es Sara, la niña que inspiró la Ley Sarita?
La inspiración detrás de esta vital iniciativa es la conmovedora historia de Sara Guiselle, una niña de 7 años con múltiples discapacidades. Como miles de menores en el país, Sara dependía de la cuota alimentaria que su padre debía proveer.
Sin embargo, debido a la ineficacia de la normativa anterior, llevaba más de un año y medio esperando los recursos que ya le habían sido embargados a su progenitor. Su caso se convirtió en el emblema de una lucha que afecta a más de 55.000 procesos judiciales similares en Colombia.
La senadora Liliana Bitar conoció la historia de Sara a través del consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada, con quien trabajó de manera conjunta para formular y liderar esta reforma.
El objetivo es que, con la "Ley Sarita", los jueces de familia puedan ordenar la entrega anticipada y sin dilaciones de estos recursos, ajustando el Código General del Proceso con la creación de un nuevo artículo (397 A) y la modificación del artículo 447, reglas que aplicarán exclusivamente para procesos de alimentos que involucren a niños, niñas o adolescentes.
Con la aprobación del Congreso, la "Ley Sarita" se encamina hacia la sanción presidencial. Este es un triunfo para los derechos de los menores y un paso fundamental para asegurar que la justicia sea no solo justa, sino también oportuna.