El imputado es Marco Aurelio Quiroga Tovar, a quien la Fiscalía acusa de haber arrasado 83 hectáreas en un predio ubicado dentro del Parque Nacional Natural (PNN) Serranía Los Pinachos, en la zona amazónica, entre San Vicente del Caguán (capital de Caquetá) y La Uribe (Meta).
Quiroga, un ganadero con 178 cabezas de res, según el relato de la Fiscalía, habría tumbado esta área para "ampliar la frontera agrícola y preparar el terreno para la cría de ganado".
"Los sistemas de monitoreo indican que ocho de las hectáreas afectadas por esta persona fueron deforestadas durante los primeros días de 2022, después de la sanción de la nueva norma ambiental", informó la Fiscalía.
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También se le imputaron los cargos de delitos de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, invasión de área de especial importancia ecológica, e incendio.
El pasado septiembre, la Fiscalía de Colombia anunció la creación de una unidad especial de investigación de delitos ambientales y contra la deforestación, que funcionará desde la localidad de San José del Guaviare, en la confluencia de la Orinoquía con la Amazonía.
Y el pasado 4 de agosto el presidente Iván Duque, sancionó la nueva Ley de Delitos Ambientales, una iniciativa que aumenta las sanciones para quienes cometan infracciones con el medioambiente y mediante la cual la deforestación dejó de ser un delito excarcelable.
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En 2020 en Colombia, según cifras gubernamentales, se perdieron 171.685 hectáreas de bosque, lo que equivale a una superficie superior a la de ciudades como Río de Janeiro o Medellín, y la mayoría de estos árboles se concentraban en el cinturón del centro-sur del país, en los departamentos del Meta, Caquetá y Guaviare.
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