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El Tribunal de Apelación de Tánger en Marruecos condenó a muerte al hombre que violó y asesinó a un niño de once años el pasado septiembre, uno de los crímenes que más han conmovido a la sociedad marroquí en los últimos tiempos, según informó a Efe el abogado de la familia del niño.
El asesino confeso, un joven soltero de 24 años, fue condenado por "asesinato con premeditación", "secuestro con extorsión", "ultraje al pudor sobre un menor de doce años", "profanación de un cadáver" y "ocultación de pruebas", en un veredicto pronunciado tras una larga audiencia de varias horas en la que el acusado principal se desvaneció y necesitó asistencia médica. Los tres inquilinos del apartamento donde vivía el asesino han sido por su parte condenados a cuatro meses cada uno por no denunciar el crimen.
El "caso del pequeño Adnán", como se dio en llamar, tuvo en vilo a la sociedad marroquí, pues el niño estuvo desaparecido varios días y la última imagen que se tenía de él era la de una cámara en la calle que lo grabó caminando de la mano de un adulto perfectamente reconocible. Durante esos días, el asesino se puso en contacto con los padres para pedir un rescate, con la presunta intención de borrar pistas, lo que añadió más dramatismo al caso.
Con toda la policía de Tánger peinando el barrio entero donde desapareció Adnán, finalmente su cadáver fue encontrado días más tarde, enterrado en un parque público cercano al domicilio del menor.
El asesino, un joven llegado meses antes a Tánger para trabajar en una unidad industrial, confesó a la policía que engañó al niño en la calle, lo llevó al apartamento que ocupaba con tres compañeros de trabajo (ausentes en ese momento), lo violó y lo mató, y más tarde, en horas nocturnas, se deshizo del cadáver.
El crimen de Adnán levantó una oleada de peticiones para que se aplicase sobre el asesino la pena de muerte, una condena que no se ejecuta en Marruecos desde 1994 pero que los distintos gobiernos se niegan a eliminar del Código Penal.
Así, cada año se siguen pronunciando penas capitales para casos que hayan causado gran alarma social, como infanticidios, casos de terrorismo o violadores en serie, pero nunca se ejecutan.
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