El caso del adolescente de 15 años señalado de disparar contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha conmocionado al país. Sin embargo, más allá de los aspectos judiciales, la Fiscalía General de la Nación ha puesto en marcha una serie de medidas de protección y apoyo dirigidas al menor y su familia.
Lo anterior, reconociendo la complejidad de su situación y su disposición a colaborar con las autoridades. Estas acciones buscan salvaguardar su vida y ofrecerle oportunidades dentro del marco legal colombiano.
Desde el pasado martes 10 de junio, se confirmó que el adolescente y su núcleo familiar serán incluidos en el Programa de Protección de Víctimas, Testigos e Intervinientes de la Fiscalía. Esta medida es fundamental, especialmente después de la difusión de la identidad del joven en redes sociales, lo que generó una exposición significativa y potenciales riesgos para su seguridad.
¿Qué va a pasar con el menor que disparó contra Miguel Uribe?
Este programa ofrece un conjunto de beneficios esenciales que van más allá de la simple custodia. Entre las prestaciones confirmadas por la fiscal Luz Adriana Camargo, se encuentran:
- Reubicación: El menor y su familia serán trasladados a un lugar seguro, lejos de cualquier amenaza, garantizando su integridad física y emocional. Esta reubicación es vital para desvincularlos de entornos peligrosos y asegurar su bienestar.
- Sostenimiento económico: Se les brindará un apoyo financiero para cubrir sus necesidades básicas, permitiéndoles reconstruir su vida en un nuevo entorno sin la presión económica que pudo haber influido en la situación inicial del menor.
- Posible cambio de identidad: En casos donde el riesgo sea extremo, el programa contempla la posibilidad de un cambio de identidad, una medida que ofrece un nivel máximo de protección y la oportunidad de un nuevo comienzo.
Conscientes de que un centro de detención convencional podría representar un riesgo para un menor de edad, especialmente en un caso de tan alto perfil, la Fiscalía ha dispuesto un espacio acondicionado en el búnker de la entidad.
Esto significa que el adolescente no será internado con adultos privados de la libertad, lo que es crucial para su seguridad y para cumplir con los principios de protección a la infancia y adolescencia.
En este lugar, el menor estará bajo la vigilancia y custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía Nacional. Esta coordinación entre entidades subraya el enfoque en la protección y el bienestar del adolescente, priorizando su resocialización y seguridad sobre la detención tradicional.
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La directora del ICBF, Astrid Cáceres, ha enfatizado la importancia de proteger la vida del joven, destacando la problemática de la instrumentalización de menorespor parte de redes criminales en el país.
A pesar de que el menor de 15 años negó los cargos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas durante la audiencia de imputación, su disposición inicial a colaborar con las autoridades ha sido un factor determinante en la implementación de estas medidas de protección.
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Al ser aprehendido, el joven expresó su intención de "dar números"y confesó haber actuado bajo la promesa de una oferta económica para apoyar a su familia. Esta declaración ha llevado a la Fiscalía a investigar a fondo la posible instrumentalización del adolescente por parte de una red criminal organizada.
El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (Ley 1098 de 2006) en Colombia se rige por principios de justicia restaurativa y resocialización, buscando reintegrar al menor a la sociedad.
Aunque el joven podría enfrentar una sanción de hasta ocho años en un centro especializado para menores, la ley permite considerar la colaboración con la justicia para una posible rebaja en la pena. Esto implica que su disposición a aportar información clave para identificar a los autores intelectuales del atentado podría influir positivamente en su proceso judicial.
La investigación, que involucra a un equipo de fiscales y más de 180 funcionarios, se centra en analizar la trayectoria del arma utilizada, el recorrido del menor y una vasta cantidad de material audiovisual recopilado. La colaboración del adolescente, aunque haya negado los cargos iniciales, sigue siendo un elemento vital para desentrañar la red criminal detrás del ataque al senador Uribe Turbay.
Las medidas de protección no solo buscan salvaguardar la vida del menor, sino también incentivar la entrega de información que permita a las autoridades avanzar en la investigación y desmantelar estas estructuras criminales que utilizan a jóvenes vulnerables para sus propósitos ilícitos.
Al brindarle seguridad y apoyo, el Estado colombiano busca no solo la justicia para el senador, sino también la oportunidad de que el adolescente pueda reencauzar su vida lejos del crimen.
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