Fue el Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones quien declaró la caducidad del contrato que se le había otorgado a la Unión Temporal Centros Poblados, esto luego de que se conocieran unas supuestas garantías falsas emitidas por el Banco Itaú.
Frente a la decisión, el abogado Jorge Pino, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados aseguró que presentará un recurso de revocatoria directa del acto administrativo y petición de revocatoria ante la ministra Karen Abudinen.
El abogado insiste en que la ministra les llamó “ladrones inescrupulosos” por lo que agrega que incurrió en un prejuzgamiento, tema que no se tocó durante la audiencia.
Por su parte, en su cuenta de Twitter, la ministra de las TIC, Karen Abudinen, dijo: “Caducamos el contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la sanción más contundente en materia de contratación estatal. Con esta decisión, cesan hoy todos los contratos de los miembros de la UT vigentes con el Estado, LaMinTICResponde”.
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La decisión también establece una multa que supera los $ 39.015 millones, una inhabilidad a los integrantes de consorcio para contratar con el estado por cinco años y se anunció que ante la correspondiente resolución no cabe ningún recurso de reposición.
Caducamos el contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la sanción más contundente en materia de contratación estatal. Con esta decisión, cesan HOY todos los contratos de los miembros de la UT vigentes con el Estado. #LaMinTICResponde pic.twitter.com/QXaohV9Bkl
— Karen Abudinen (@karenabudi) August 13, 2021
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