En la sociedad actual se registra una transformación evidente en la manera de respaldar los actos cotidianos. Tanto en el mundo judicial como en la vida diaria, el uso de testigos presenciales e instrumentos físicos o contratos impresos en papel ha disminuido considerablemente.
Los ciudadanos ya no acuden a la firma de documentos tradicionales ante notarios ni se apoyan en terceros para validar los compromisos que adquieren en su día a día.
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El abogado Francisco Bernate explicó en El Klub de La Kalle por qué es importante verificar la legitimidad de las pruebas digitales antes de utilizarlas en una investigación judicial.
Hoy en día, la inmensa mayoría de las transacciones cotidianas se gestionan y registran a través de los teléfonos celulares.
Un caso sumamente frecuente ocurre cuando le prestas una suma de dinero a un conocido o compadre —por ejemplo, dos millones de pesos— y, al llegar la fecha pactada, la persona decide no pagar la deuda y evadir su responsabilidad.
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Un escenario similar se presenta cuando contratas a un técnico o maestro de obra para que realice reparaciones en tu vivienda y el acuerdo sobre los pagos o las condiciones del servicio se concreta únicamente a través de chats o mensajes móviles.
Cuando el deudor o el contratista incumple y decides acudir ante un juez para reclamar tu dinero o exigir el cumplimiento del acuerdo, te enfrentas al reto de no tener letras de cambio, recibos firmados ni personas que atestigüen la negociación.
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En estos escenarios, la totalidad de tus evidencias se encuentra guardada dentro de tu dispositivo móvil.
Sin embargo, como los pantallazos impresos carecen de valor judicial debido a la facilidad con la que la inteligencia artificial permite crear conversaciones falsas, debes someter tu celular a un procedimiento formal de extracción probatoria para que la información del chat adquiera validez jurídica.
¿Cuáles son los pasos técnicos y las entidades necesarias para certificar la autenticidad de un acuerdo digital?
Si necesitas validar legalmente un acuerdo de dinero o la prestación de un servicio coordinado por el celular, es obligatorio seguir una ruta de certificación técnica que valide tanto el contenido del mensaje como la identidad de la persona implicada.
El procedimiento exige que entregues tu teléfono celular directamente al juzgado a cargo del proceso.
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Los peritos del juzgado procesan el aparato, extraen la información interna y emiten una conclusión técnica que ratifica que la conversación y los compromisos financieros efectivamente sucedieron.
En caso de que estés preparando la demanda y el proceso aún no haya iniciado formalmente en los juzgados, debes ponerte en contacto con un informático forense.
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En el país existe una amplia oferta de peritos forenses calificados que realizan el análisis técnico del celular para certificar que los registros del préstamo no fueron alterados ni fabricados.
Asimismo, dentro de los procesos judiciales en Colombia, instituciones públicas como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los despachos judiciales son las encargadas de ejecutar este tipo de peritajes técnicos sobre las pruebas digitales.
Finalmente, para consolidar la validez de la prueba ante el juez, debes acudir formalmente a la empresa de telecomunicaciones que presta el servicio a la línea telefónica objeto del litigio.
Es necesario solicitar a empresas operadoras como Claro, Tigo, Movistar, EPM o Virgin que expidan una constancia técnica que demuestre que el número de celular desde el cual se enviaron los mensajes pertenece o es operado por la persona a la que le estás reclamando el dinero o el contrato.
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De esta manera, al unir la extracción forense del teléfono con la certificación de la empresa telefónica, logras probar legalmente tus acuerdos sin necesidad de contratos en papel ni testigos.