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¿Las deudas desaparecen después de varios años sin pagarlas? Esto dijo una experta

La abogada Claudia García estuvo en El Klub de La Kalle, donde resolvió varias dudas sobre las deudas económicas y explicó algunos aspectos legales que deben tener en cuenta.

Hombre organizando facturas y documentos financieros en su escritorio al hablar sobre la prescripción de deudas
Imagen ilustrativa de una persona revisando papeles y cuentas, relacionada con la explicación de una experta sobre si las deudas desaparecen tras varios años
Foto: imagen realizada con Google Flow (IA)

La abogada Claudia García, egresada de la Universidad Libre y directora jurídica de la firma Clave Judicial, pasó por El Klub de La Kalle y respondió las inquietudes del público sobre la vigencia de las deudas en Colombia y las consecuencias legales de no cumplir con estas obligaciones.

La especialista explicó que existe una creencia generalizada según la cual las deudas desaparecen automáticamente después de transcurrido determinado tiempo. Sin embargo, aclaró que es necesario diferenciar varios conceptos jurídicos para comprender qué sucede realmente con las obligaciones económicas.

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¿Qué pasa con las deudas que desaparecen?

Inicialmente, Claudia García señaló que “existe una confusión muy a nivel general” entre dos figuras jurídicas distintas: la caducidad del reporte en las centrales de riesgo y la prescripción de la acción legal.

Respecto a la caducidad del reporte, la jurista explicó que “es el tiempo que la ley determina en que debes estar reportado... en las centrales de riesgo”. Según indicó, este plazo puede extenderse hasta ocho años cuando la obligación permanece sin ser pagada, o corresponder al doble del tiempo que la persona estuvo en mora, dependiendo de las circunstancias.

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García enfatizó que salir de las centrales de riesgo, como Datacrédito, no significa que la deuda quede eliminada. En ese sentido, recordó que la caducidad del reporte “no te está eliminando la obligación”.

Por otro lado, la prescripción se refiere al tiempo que tiene el acreedor para ejercer determinadas acciones legales y exigir el pago de una obligación. En el caso de los pagarés, la abogada indicó que la acción cambiaria directa prescribe en tres años contados desde el vencimiento del título valor.

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Sin embargo, aclaró que las entidades financieras suelen solicitar la firma de pagarés en blanco, acompañados de cartas de instrucciones para diligenciarlos posteriormente.

¿Qué pasa cuando una deuda no ha prescrito?

La especialista explicó que el plazo de prescripción no necesariamente comienza a contarse desde el momento en que se firma el préstamo. En el caso de los pagarés, debe tenerse en cuenta la fecha de vencimiento que figure en el documento, de acuerdo con las condiciones de cada obligación.

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Por esta razón, García advirtió que las casas de cobranza pueden continuar exigiendo el pago incluso cuando el reporte negativo haya caducado, pues, como señaló, “tienen todavía su título valor, el cual es exigible”.

Asimismo, la jurista explicó algunas alternativas y aspectos legales que deben conocer las personas con obligaciones pendientes:

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  • Negociación directa: recomendó acercarse a los acreedores o casas de cobranza para buscar acuerdos de pago. Según explicó, es posible conseguir “descuentos bastante importantes” sobre el capital y los intereses moratorios.
  • Insolvencia económica: las personas naturales que cumplan los requisitos legales pueden acogerse a los mecanismos de insolvencia. Entre las condiciones mencionadas se encuentran tener obligaciones en mora por más de 90 días o enfrentar procesos de cobro judicial. Este procedimiento puede permitir la suspensión de determinadas acciones de cobro, embargos y remates, conforme a las condiciones legales.
  • Límites de embargo salarial: explicó que el salario mínimo es inembargable para obligaciones civiles, como créditos de libre inversión o tarjetas de crédito. Cuando el ingreso supera ese monto, puede embargarse la quinta parte del excedente. En el caso de las deudas por alimentos, la ley contempla la posibilidad de embargar hasta el 50 % del salario.