Imagina que el código postal o el saldo de tu cuenta bancaria dejaran de ser el portero que decide en qué colegio estudia tu hijo. Esa es la premisa de una revolución educativa que se está cocinando en el Congreso de la República y que tiene a todo el país con el ojo puesto en el tablero.
Se trata de un proyecto de ley que busca que los padres, sin importar su nivel socioeconómico, tengan el poder real de elegir si sus pequeños van a una institución pública o a una privada de alto nivel.
Puedes leer: Estudiantes harán dos años más de colegio; Ministerio de Educación ya aprobó nuevos grados
¿Cómo funcionaría la Ley del 'bono escolar'?
La propuesta, liderada por la senadora Paloma Valencia, introduce el concepto del "bono escolar". Básicamente, es un respaldo del Estado que validaría la decisión de los padres sobre el futuro académico de sus hijos.
Te puede interesar
Si una familia en condición de vulnerabilidad o pobreza extrema sueña con que su hijo asista a un colegio de esos que llamamos "prestigiosos" y de alta competitividad, el Estado se encargaría de financiar la matrícula.
El objetivo es claro: saltarse las barreras económicas para que estos jóvenes terminen su bachillerato con mejores herramientas para el mundo laboral.
El filtro para los colegios: No es para cualquiera No creas que cualquier colegio privado puede simplemente abrir la puerta y ya. Para ser parte de esta iniciativa, las instituciones deben pasar por un control de calidad.
Publicidad
Puedes leer: ¿Cómo entro a la nueva universidad pública de Suba? Pasos y carreras
Primero, deben tener su Proyecto Educativo Institucional (PEI) o Comunitario aprobado y contar con una licencia de funcionamiento vigente expedida por la Secretaría de Educación.
Publicidad
Además, hay una regla de oro: deben informar exactamente cuántos cupos tienen disponibles por grado y garantizar que, al menos, el 30% de esos espacios se entreguen por puro mérito académico.
El Ministerio de Educación sería el gran árbitro de este juego. Ellos determinarán cuántos estudiantes se beneficiarán y se asegurarán de que los cupos lleguen prioritariamente a quienes están en pobreza extrema, pobreza moderada o situaciones de vulnerabilidad.
Es decir, la prioridad es para quienes hoy ven la educación privada como algo inalcanzable.