En una reciente operación el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía en Medellín frustró un intento de extorsión perpetrado en el cual un habitante de calle se autosecuestró aconsejado por un cómplice. Este dúo delictivo ideó un plan macabro al simular un secuestro y exigir a la familia del afectado, quien había abandonado Sincelejo en busca de un nuevo hogar, la suma de 50 mil pesos para garantizar su seguridad.
El engaño comenzó con una llamada a la familia desde la capital antioqueña, donde un individuo afirmaba tener retenido al familiar, un hombre en situación de calle. Con amenazas y la simulación de torturas en videos, persuadieron a la familia para que depositara la cantidad exigida, temiendo por la vida e integridad del supuesto secuestrado.
La familia, alerta ante la situación, denunció el caso al Gaula de la Policía, proporcionando la información suministrada por el presunto secuestrador. Las autoridades siguieron la pista y descubrieron que el hombre había fabricado el secuestro, siendo inevitable su confesión ante las pruebas presentadas. Se reveló que su intención era extorsionar a su propia familia con la irrisoria suma mencionada.
Tanto el individuo "autosecuestrado" como su cómplice enfrentaron las consecuencias legales, siendo puestos a disposición de las autoridades, según informó la Fiscalía. A pesar de la ausencia de una denuncia formal por parte de la familia, el presunto secuestrador fue remitido a uno de los centros de atención para habitantes de calle en la ciudad.
El desafío para la actual administración de Federico Gutiérrez es restaurar la atención social que se ofrecía a través de los centros de día y otras estrategias de atención primaria y resocialización que se perdieron en la gestión anterior. El reciente fallo relacionado con el Bronx es crucial, ya que ordena a la Alcaldía de Medellín que cualquier medida tomada frente a esta población, como el desmonte de cambuches, esté vinculada a intervenciones más profundas, como la coordinación con el Icbf para atender a menores de edad y la atención integral a estas personas, incluida la búsqueda de sus familias y la posibilidad de ingreso a programas de resocialización.
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