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10 Policías enviados a prisión por cobrar $50 millones en falso procedimiento judicial en Cúcuta

En el supuesto procedimiento policial los uniformados le habrían pedido dinero a la mujer y a una de sus hermanas a cambio de no capturarlas.

Imagen referencial Policía Colombia
Imagen referencial Policía Colombia
/Foto: Policía Nacional

En un reciente desarrollo operativo, la Fiscalía informó que diez policías activos, incluyendo cuatro miembros del Servicio de Investigación Judicial (SIJIN) y seis del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), han sido capturados y enviados a la cárcel por su presunta participación en un allanamiento ilegal y retención indebida de una mujer y sus dos hijas menores en Cúcuta, departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en agosto pasado cuando los policías realizaron un allanamiento sin orden judicial en una vivienda del barrio Paz y Progreso de Cúcuta. Durante la operación, los uniformados habrían retenido ilegalmente a la mujer y a las dos niñas, exigiéndole a la madre el pago de 50 millones de pesos a cambio de no detenerla y no entregar a las menores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En el curso de esta operación, los policías alegaron encontrar cajas de pantalones vaqueros y cajetillas de cigarrillos que, según ellos, carecían de la documentación adecuada para demostrar su legalidad. En respuesta, la víctima sostuvo que la mercancía pertenecía legalmente a su hermana.

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"De acuerdo con los testimonios, momentos después llegó a la vivienda la mencionada hermana y los procesados, al parecer, le exigieron 40 millones de pesos. La mujer habría consignado 20 millones de pesos y le habrían dado un plazo para que en la tarde de ese día entregaran el resto del dinero", señaló la información de la Fiscalía.

Las capturas de los policías fueron legalizadas por un juez de control de garantías del Circuito Judicial de Cúcuta. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de secuestro simple agravado, concusión (exigir dinero) y falsedad ideológica en documento público.

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Este incidente destaca una presunta violación de los derechos fundamentales de la mujer y sus hijas por parte de agentes de la ley. Las autoridades continúan investigando el caso para asegurar que se haga justicia y para evitar que casos similares ocurran en el futuro.

*Con información de EFE

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