La Contraloría inició una investigación preliminar el viernes respecto a la pérdida de fondos del país tras la retirada de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos de 2027, confirmada recientemente por Panam Sports.Según un comunicado del tribunal de cuentas, la indagación tiene como propósito determinar "si hay un hecho que genere responsabilidad fiscal, producto del giro realizado por el Distrito de Barranquilla por cerca de 2,2 millones de dólares en el marco del denominado 'Contrato Ciudad Sede'".La decisión de investigar surge a raíz de los comunicados oficiales de Panam Sports del 3 y 8 de enero de 2024, que anunciaron la retirada de la sede de los Juegos Panamericanos de Barranquilla y la exclusión definitiva de la ciudad como candidata para la organización, tal como confirmó el comunicado del 1° de febrero de 2024.Barranquilla perdió la sede de los Panamericanos por no cumplir con dos pagos de cuatro millones de dólares cada uno, destinados a los derechos de organización, a pesar de haber realizado un primer desembolso por más de 2 millones de dólares, el cual está siendo objeto de la indagación por parte de la Contraloría.Debido a los incumplimientos contractuales, Panam Sports decidió trasladar las competencias a Asunción o Lima, nuevas candidatas para albergar los juegos.Tanto el presidente colombiano, Gustavo Petro, como la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, son señalados por no haber gestionado adecuadamente la permanencia de la sede de los Panamericanos en Colombia.Ante esta situación, la Contraloría advirtió que "los recursos girados por el Distrito de Barranquilla se encuentran en riesgo de pérdida y por ende de un posible daño fiscal" y exhortó "a emprender todas las acciones necesarias para recuperar los recursos desembolsados".Preocupación por el manejo de los dineros públicosLa investigación de la Contraloría refleja la preocupación por el manejo de los recursos públicos y la transparencia en las gestiones relacionadas con eventos de gran envergadura como los Juegos Panamericanos. La pérdida de la sede representa no solo un revés en términos de prestigio y proyección internacional para Colombia, sino también un desafío financiero que requiere una exhaustiva revisión de los procesos de contratación y administración de fondos públicos.El caso subraya la importancia de una adecuada planificación y coordinación entre las entidades gubernamentales y los organismos internacionales para garantizar el éxito de eventos deportivos de esta magnitud. Además, pone de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos de control más rigurosos para evitar situaciones similares en el futuro y proteger los intereses económicos del país.La Contraloría, en su rol de fiscalización y vigilancia de los recursos públicos, asume la responsabilidad de investigar este tipo de situaciones con el objetivo de salvaguardar los intereses del Estado y promover la rendición de cuentas. En última instancia, se espera que los resultados de la investigación arrojen luz sobre las circunstancias que rodearon la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos y contribuyan a fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública.También puedes ver: La Gorda Fabiola revela su experiencia con la muerte: "Los escuché a todos"
Enilce del Rosario López Romero, conocida como 'La Gata', falleció este domingo 14 de enero en la Clínica de la Costa de Barranquilla, después de una prolongada estadía en la Unidad de Cuidados Intensivos. La controversial empresaria del chance, madre de Jorge Alfonso López, quien también se encuentra recluido y solicitó permiso al Inpec para poder asistir a su sepelio.La salud de 'La Gata' venía deteriorándose debido a una enfermedad terminal que le generó alrededor de 20 patologías, incluyendo desnutrición proteico calórica, isquemias, obstrucciones pulmonares crónicas y problemas cardíacos. La empresaria, que llegó a pesar apenas 32 kilogramos, padecía un cuadro médico complejo.Hace una semana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó su solicitud de sometimiento, ya que López no asistió a una audiencia clave para aportar a la verdad. La empresaria había argumentado que estaba en medio de un tratamiento médico, y hasta su conclusión, no podía comparecer. Esta decisión de la JEP marcó un capítulo adicional en la vida polémica de 'La Gata'.En marzo de 2023, Enilce López recuperó la libertad debido a su avanzada edad (70 años) y a su delicado estado de salud. Un cáncer invasivo de pulmón, cervical y ovarios fue parte de los argumentos judiciales que consideraron que su tiempo de vida no sería prolongado, otorgándole así el derecho a una muerte digna. La empresaria solo cumplió 17 de los 37 años y seis meses de condena por concierto para delinquir y homicidio, la mayor parte en instalaciones hospitalarias y en su residencia.Jorge Luis Alfonso López, hijo de 'La Gata', ha solicitado permiso al Inpec para asistir al sepelio, que se llevará a cabo en Jardines de la Eternidad en Barranquilla. Con la muerte de Enilce López, concluye la vida de una figura controvertida en el mundo empresarial y judicial colombiano.Te puede interesar: Beéle: así fue su lucha para pegar su primera canción
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Bogotá ha tomado la decisión de conceder la libertad condicional al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien se encontraba cumpliendo una condena de 17 años de prisión en relación con su participación en el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS). Este veredicto ha generado atención y controversia, dado el alcance y la gravedad de los delitos asociados, específicamente interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.La defensa del exfuncionario ha destacado el comportamiento ejemplar que Arias ha mantenido durante su tiempo de reclusión como un elemento clave en la solicitud de libertad condicional; sin embargo, es importante señalar que esta liberación no se produce sin condiciones adicionales. Andrés Felipe Arias, quien previamente huyó hacia Estados Unidos en 2014, pero fue detenido en 2016 y extraditado a Colombia, deberá cumplir su condena bajo la modalidad de casa por cárcel.Además de la libertad condicional, se ha impuesto una millonaria multa como parte de las exigencias legales asociadas con su liberación. El exministro tendrá que pagar una suma equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes para obtener la boleta de libertad. Este requisito financiero se presenta como una medida para garantizar que Arias asuma responsabilidad económica en relación con los delitos cometidos.El caso de Andrés Felipe Arias, que tuvo su punto álgido en la década de 2010, resuena en la memoria colectiva de la sociedad colombiana. La condena en 2014, relacionada con irregularidades en el programa AIS, marcó un hito significativo en la lucha contra la corrupción en el país. La reciente decisión de otorgar la libertad condicional plantea interrogantes sobre la administración de la justicia y sus implicaciones para casos similares en el futuro, generando un debate sobre la proporcionalidad de las penas y la rehabilitación de quienes han sido condenados por actos de corrupción en el ámbito gubernamental.Te puede interesar: aprendiendo a bailar en las calles de Bogotá: la historia de una pareja soñadora
El Gobierno investiga 26 presuntas violaciones laborales en Seatech International Inc., fabricante de la marca Atún Van Camp's, en medio de una polémica por acusaciones de que empleadas de esa empresa tienen que usar pañales en el trabajo porque no se les da tiempo suficiente para ir al baño.Así lo aseguró el Ministerio de Trabajo, que detalló este jueves, 28 de diciembre, en un comunicado que el pasado 19 de octubre funcionarios de esa cartera "encontraron 26 hallazgos que son materia de investigación" y uno de ellos dice "descuento ilegal en salarios por control del tiempo en las necesidades fisiológicas".La polémica se desató el miércoles cuando la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que funcionarios de esa cartera hallaron anomalías durante inspecciones realizadas a empresas de flores y a plantas procesadoras de pescado, entre otras."Hemos encontrado en muchas de las visitas que hemos hecho, fundamentalmente las inspectoras que han ido a la parte de las flores, a la parte de los atunes, Van Camp's por ejemplo (...), que las condiciones en las que estas mujeres ejercen sus labores no son las mejores. Algunas trabajadoras tienen que usar pañal porque no tienen los tiempos necesarios para ir a su baño", dijo Ramírez.En ese sentido, el Ministerio aseguró este jueves que "las trabajadoras manifestaron su inconformidad con respecto a presuntos descuentos ilegales, al momento de utilizar los baños, de igual forma, en el momento en que les llega el periodo, según manifiestan, que deben usar paños desechables para no generar descuentos en nómina por ausencia en el puesto de trabajo, a falta de desarrollo de la actividad".La compañía, por su parte, respondió en un comunicado que "rechaza tajantemente las afirmaciones sin fundamento de la señora ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez sobre las condiciones laborales de nuestras colaboradoras".La atunera aseguró que "no se puede atacar y estigmatizar a una compañía de esa manera. Esto atenta contra los más de 35 años de labores, de aporte al país y de generación digna de empleo".Van Camp's recordó que actualmente tiene 1.800 empleados y reiteró que "lo señalado no es cierto y procederá a defenderse de este ataque bajo la ley y normatividad vigente en Colombia".Carlos, el malabarista urbano: un encuentro de solidaridad y lucha en las calles | De 5 en 5
La transición política tras las recientes elecciones municipales en la provincia de Córdoba, Argentina, ha traído consigo revelaciones sorprendentes sobre las instalaciones y recursos heredados por los nuevos líderes locales. Uno de los casos más destacados es el de Ramón Zalazar, quien durante más de dos décadas estuvo al frente de la Municipalidad de Anisacate, siendo impedido de buscar la reelección debido a modificaciones en la normativa electoral.El cambio de autoridades municipales evidenció la transición de largos períodos de gestión, dejando al descubierto un panorama financiero problemático y deudas considerables que la alcaldesa entrante hizo notar en sus comunicados oficiales.Sin embargo, lo más impactante fue lo que se develó durante una entrevista concedida a Radio Vibra: la existencia de un jacuzzi en la oficina del predecesor. El exalcalde, Zalazar, argumentó que el edificio donde se encontraba la Municipalidad fue alquilado aproximadamente hace un año para alojar las oficinas administrativas.El político mencionó que la presencia del jacuzzi no estuvo destinada para su uso personal o de cualquier funcionario público, sino que, según sus declaraciones, "se empleaba para almacenar algunos objetos hasta que llegó el momento de entregar el espacio por completo". Esta declaración se produjo en medio del escándalo y la polémica suscitada por el descubrimiento de otros lujos, como una piscina, un estacionamiento privado y un amplio patio, que formaban parte de las instalaciones heredadas por la nueva administración municipal.La administración saliente ha defendido que dichas instalaciones no fueron adquiridas ni instaladas con fondos públicos, sino que formaban parte de la infraestructura alquilada para el funcionamiento del municipio. Esta revelación ha generado una oleada de reacciones en la opinión pública, planteando interrogantes sobre la responsabilidad y el uso de los recursos municipales durante la gestión previa. Algunos sectores han exigido investigaciones exhaustivas para determinar si hubo un mal uso de los bienes públicos o si, en efecto, se trató de una mera casualidad la presencia de tales elementos de lujo en la oficina municipal.La nueva alcaldesa, por su parte, ha expresado su preocupación por la situación financiera encontrada y ha asegurado que se tomarán medidas para afrontar las deudas y optimizar el uso de los recursos municipales, priorizando la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.Boda termina mal: la novia dijo que no y entre los asistentes tuvieron que pagar la fiesta
La Corte Suprema de Justicia envió este jueves a prisión al senador Ciro Ramírez, que está implicado en un caso de corrupción en al menos quince contratos en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca entre noviembre de 2020 y finales de 2022."El senador Ciro Ramírez es capturado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para cumplir medida de aseguramiento en centro de reclusión", señaló el alto tribunal en un mensaje publicado en sus redes sociales.El congresista está acusado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, según la Corte, que lo investiga desde junio pasado.Justamente en octubre pasado la Procuraduría (Ministerio Público) también empezó a investigar a Ramírez, que fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018, por "su supuesta participación en el direccionamiento de varios contratos por un valor superior a los 9.000 millones" de pesos (unos 2,2 millones de dólares)."La apertura de la indagación tiene como objeto determinar los hechos que podrían tener relevancia disciplinaria. El senador podrá ser escuchado en versión libre si así lo desea", señaló entonces el Ministerio Público.En noviembre de 2023, la Fiscalía General de la Nación también abrió una investigación contra Ramírez. El ente acusador solicitó a la Corte Suprema de Justicia que compulsara copias para que se investigue al senador por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y tráfico de influencias.Ramírez ha negado las acusaciones en su contra. En un comunicado, el senador afirmó que las denuncias son "absolutamente falsas" y que se trata de una "campaña de desprestigio" orquestada por sus opositores políticos.La investigación contra Ramírez se encuentra en curso. Si es encontrado culpable, podría enfrentar penas de prisión de hasta 20 años.El caso de Ciro Ramírez es un nuevo escándalo de corrupción que involucra a un alto funcionario del gobierno colombiano. El caso ha generado indignación en la ciudadanía y ha vuelto a poner de relieve el problema de la corrupción en el país.Te puede interesar: Detrás de cámaras de Retóxicos: los mejores momentos del reality
En un reciente desarrollo operativo, la Fiscalía informó que diez policías activos, incluyendo cuatro miembros del Servicio de Investigación Judicial (SIJIN) y seis del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), han sido capturados y enviados a la cárcel por su presunta participación en un allanamiento ilegal y retención indebida de una mujer y sus dos hijas menores en Cúcuta, departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en agosto pasado cuando los policías realizaron un allanamiento sin orden judicial en una vivienda del barrio Paz y Progreso de Cúcuta. Durante la operación, los uniformados habrían retenido ilegalmente a la mujer y a las dos niñas, exigiéndole a la madre el pago de 50 millones de pesos a cambio de no detenerla y no entregar a las menores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).En el curso de esta operación, los policías alegaron encontrar cajas de pantalones vaqueros y cajetillas de cigarrillos que, según ellos, carecían de la documentación adecuada para demostrar su legalidad. En respuesta, la víctima sostuvo que la mercancía pertenecía legalmente a su hermana."De acuerdo con los testimonios, momentos después llegó a la vivienda la mencionada hermana y los procesados, al parecer, le exigieron 40 millones de pesos. La mujer habría consignado 20 millones de pesos y le habrían dado un plazo para que en la tarde de ese día entregaran el resto del dinero", señaló la información de la Fiscalía.Las capturas de los policías fueron legalizadas por un juez de control de garantías del Circuito Judicial de Cúcuta. La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de secuestro simple agravado, concusión (exigir dinero) y falsedad ideológica en documento público.Este incidente destaca una presunta violación de los derechos fundamentales de la mujer y sus hijas por parte de agentes de la ley. Las autoridades continúan investigando el caso para asegurar que se haga justicia y para evitar que casos similares ocurran en el futuro.*Con información de EFETe puede interesar: Detrás de cámaras de Retóxicos: los mejores momentos del reality
La tranquilidad en el municipio de Yondó, ubicado en el Magdalena Medio antioqueño, se vio sacudida por la sorpresiva captura del alcalde Fabián Antonio Echavarría en medio de la jornada electoral. La detención se produjo minutos antes de que se instalara el proceso de votación, en la vía Río Ermitaño - La Lizama.Las autoridades policiales interceptaron una camioneta en la que se encontraban el alcalde y otros funcionarios de la administración municipal. En el vehículo, se incautaron un total de 149 millones de pesos en efectivo y cuatro armas de fuego.El coronel Luis Alejandro Cubillos Cancelado, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, informó sobre el incidente, declarando: "En este vehículo se transportaban cuatro personas con cuatro armas de fuego y un dinero en efectivo. La persona que se hace responsable de este dinero es un funcionario público: el alcalde del municipio de Yondó, del departamento de Antioquia".Aún no está claro cuál era la finalidad de los recursos confiscados y, en este momento, el alcalde Echavarría enfrenta acusaciones por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público y está siendo presentado ante un juez.El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, reaccionó a la noticia durante la instalación de la jornada electoral, señalando: "Apenas estaba en medio de la instalación de la jornada, me informaron acerca de una situación relacionada con la captura del alcalde y otras dos o tres personas que lo acompañaban. De inmediato, voy a comunicarme con el comandante de la Policía en el Magdalena Medio antioqueño para que nos entregue la información en detalle".Además, se ha conocido que en la noche del sábado, un grupo de ciudadanos intentó llevar a cabo un acto de violencia en la sede de la Registraduría en Yondó, lo que requirió la intervención de la Policía para evitar incidentes mayores. Afortunadamente, las fuerzas del orden lograron controlar la situación y evitar cualquier alteración del orden público.El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también confirmó la detención del alcalde de Yondó y destacó que el funcionario se encontraba en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección. Velasco añadió: "Deberá explicar el origen de ese dinero y para qué pensaba usarlo. No tengo la cifra exacta, pero inicialmente nos hablan de 150 millones de pesos en efectivo".También puedes ver: ¿Te comerías una lombriz viva? 😨ReTóxicos capítulo 12
Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, aceptó este martes colaborar con la justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento dentro del proceso en el que la Fiscalía le imputó los supuestos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.Las acusaciones son graves porque el lavado de activos tiene una pena de entre 10 y 30 años de cárcel y el de enriquecimiento ilícito de 5 a 10 años.La Fiscalía también imputó ante el Juzgado Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías a la exesposa de Nicolás Petro, Daysuris Vásquez, arrestada también el pasado sábado, por lavado de activos y violación de datos personales, delito este que es penado con un mínimo de cuatro años y un máximo de ocho.Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de las noticias más importantes. Lo mejor del humor, farándula y artistas en un solo lugar:👉🏻 https://lc.cx/ZeG6t6El hijo del presidente fue detenido como parte de una investigación iniciada en marzo pasado por la Fiscalía luego de que su exesposa revelara a la prensa que Nicolás Petro recibió dinero ilegal para la campaña electoral de su padre, que finalmente nunca llegó a su destino pues lo utilizó para incrementar su patrimonio personal.El caso ganó relevancia el sábado cuando la pareja fue detenida en dos operaciones en Barranquilla y luego fueron trasladados al búnker de la Fiscalía en Bogotá.En la audiencia de hoy, Petro Burgos aceptó colaborar con la Justicia, aunque no aceptó los cargos que se le imputan."Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la Justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino", manifestó Petro Burgos, que es diputado a la Asamblea del Departamento del Atlántico.Vásquez, que fue quien detonó el escándalo, ya había manifestado su disposición a colaborar con la Justicia para obtener rebaja de penas."Ante la contundencia y suficiencia de las pruebas presentadas por el ente investigador, de manera voluntaria los hoy procesados anunciaron a la Fiscalía su voluntad de colaborar con la justicia y brindar información relevante que conduzca a una terminación anticipada del proceso judicial", indicó la Fiscalía en un comunicado.Por su parte, el fiscal primero delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, que lleva la acusación, pidió que "se le refuerce la seguridad" a Petro Burgos, a su equipo de defensores y a Vásquez."No hay ninguna duda de que usted está inmerso en la conducta de enriquecimiento ilícito de servidor público", dijo el fiscal al hijo del presidente en una audiencia en la que cuestionó el origen de su patrimonio.Te puede interesar: Emotiva recompensa a mujer por su buena obra
En las últimas horas las autoridades confirmaron la captura de ocho personas, que, presuntamente, pertenecerían a una banda delicuencial de Barranquilla dedicada a la extorsión; sin embargo, uno de ellos se robó las miradas tras romper en llanto en plena diligencia policial.En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales en diferentes redes sociales como TikTok, se ve al joven llorar mientras uno de los policías le lee los cargos, entre ellos, concierto para delinquir y extorsión agravada. Así mismo, se escucha el llanto de los que serían sus familiares, quienes aseguran desconocer la situación."¿Ha entendido sus derechos?", le pregunta el uniformado de la Policía, mientras el presunto delincuente de 'desgaja' en llanto y la persona que lo graba le pide que no se cubra el rostro.Según las investigaciones, seis de los señalados tenían orden de captura y los dos restantes fueron 'pillados' en flagrancia. Al parecer, tenían azotados a comerciantes y a transportadores. Además, habrían intimidado a empleados de bombas de gasolina en Barranquilla y Soledad."Son de un grupo delincuencial, los cuales venían generando afectación a las comunidades. Tenían un 'modus operandi' de marcar con calcomanías a las víctimas, a los transportadores, comerciantes y tenderos", explicó el coronel Giovanni Cristancho, director de la Dirección Antisecuestro y Extorsión.Tras la viralización de las imágenes, varios usuarios abrieron un debate sobre cómo actuó el presunto delincuente y el dolor de la familia, que, según manifestó en el video, no sabía de las 'andanzas' del joven."Trabajando no estaría llorando", "solidaridad con la familia, se les escucha el dolor", "pero cuando las están haciendo celebran", "las malas amistades", "eso le sirve para que se dé cuenta que la vida no es un juego", "pobre de la mamá", son algunos de los comentarios en la publicación replicada en TikTok por @elinformantedecaribe y que ya acumula más de 900 mil reproducciones.Te puede interesar: Final tensa en la Batalla Red Bull