Conceden libertad condicional a Andrés Felipe Arias; estas son las exigencias al exministro

10 de Enero, 2024

Actualizado: enero 10, 2024 04:21 p. m.

El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas de Bogotá ha tomado la decisión de conceder la libertad condicional al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, quien se encontraba cumpliendo una condena de 17 años de prisión en relación con su participación en el caso de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Este veredicto ha generado atención y controversia, dado el alcance y la gravedad de los delitos asociados, específicamente interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

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La defensa del exfuncionario ha destacado el comportamiento ejemplar que Arias ha mantenido durante su tiempo de reclusión como un elemento clave en la solicitud de libertad condicional; sin embargo, es importante señalar que esta liberación no se produce sin condiciones adicionales.

Andrés Felipe Arias, quien previamente huyó hacia Estados Unidos en 2014, pero fue detenido en 2016 y extraditado a Colombia, deberá cumplir su condena bajo la modalidad de casa por cárcel.

Además de la libertad condicional, se ha impuesto una millonaria multa como parte de las exigencias legales asociadas con su liberación.

El exministro tendrá que pagar una suma equivalente a 15 salarios mínimos legales vigentes para obtener la boleta de libertad. Este requisito financiero se presenta como una medida para garantizar que Arias asuma responsabilidad económica en relación con los delitos cometidos.

El caso de Andrés Felipe Arias, que tuvo su punto álgido en la década de 2010 , resuena en la memoria colectiva de la sociedad colombiana.

La condena en 2014, relacionada con irregularidades en el programa AIS, marcó un hito significativo en la lucha contra la corrupción en el país.

La reciente decisión de otorgar la libertad condicional plantea interrogantes sobre la administración de la justicia y sus implicaciones para casos similares en el futuro, generando un debate sobre la proporcionalidad de las penas y la rehabilitación de quienes han sido condenados por actos de corrupción en el ámbito gubernamental.