Una investigación judicial en Chile dejó al descubierto una compleja red dedicada a la emisión y comercialización de incapacidades médicas fraudulentas, un esquema que habría generado millonarias pérdidas al sistema público de salud. El caso, liderado por la Fiscalía Oriente, puso en la mira a varios profesionales del sector, entre ellos ciudadanos colombianos señalados de ocupar roles clave dentro de la operación.
El proceso judicial avanzó tras una serie de diligencias que permitieron establecer patrones irregulares en la expedición de licencias médicas, así como movimientos financieros sospechosos. Las autoridades concluyeron que la red operaba de manera sistemática y con una estructura organizada, lo que elevó la gravedad de los cargos imputados.
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Una estructura organizada y cifras que encendieron las alarmas
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, la red funcionaba a través de sociedades que aparentaban ser centros de salud legalmente constituidos. Desde allí, se habrían emitido miles de incapacidades médicas sin sustento clínico real, afectando directamente los recursos del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de documentos expedidos en un corto periodo de tiempo. Los registros oficiales revelaron que, en algunos momentos, se emitían incapacidades con una frecuencia inusual, lo que levantó sospechas sobre la autenticidad de los procedimientos médicos que las respaldaban. Incluso, se detectaron casos en los que permisos de reposo fueron firmados mientras el médico responsable se encontraba fuera del país.
La investigación también se enfocó en los beneficiarios de estas licencias. El cruce de información permitió identificar a más de mil funcionarios públicos que habrían hecho uso de incapacidades irregulares. Algunos de ellos fueron detectados realizando actividades incompatibles con un supuesto reposo médico, como viajes internacionales o visitas a casinos, hechos que quedaron documentados en los informes oficiales.
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En el plano judicial, varios de los implicados quedaron bajo medida de prisión preventiva mientras avanza el proceso. Entre los cargos formulados se incluyen asociación delictiva, fraude de subvenciones y emisión de documentos médicos falsos, delitos que podrían acarrear penas de alta gravedad según la legislación chilena.
Las autoridades señalaron que el caso sigue en etapa de investigación y no descartan que aparezcan nuevos involucrados. Al mismo tiempo, recalcaron que este tipo de fraudes no solo impactan las finanzas públicas, sino que también debilitan la confianza en el sistema de salud y afectan a quienes realmente requieren atención médica legítima.
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