El microcrédito continúa siendo una de las principales herramientas de inclusión financiera en Colombia, impulsando la actividad de miles de emprendedores con micronegocios en el país. Sin embargo, pese a su crecimiento sostenido durante 2025, la inseguridad se ha convertido en una amenaza directa para los empresarios y para las entidades encargadas de otorgar estos prestamos monetarios.
Según el más reciente boletín de Asomicrofinanzas, la cartera bruta de microcrédito alcanzó los $24,1 billones a septiembre de 2025, equivalente a un crecimiento real del 6,5% frente al mismo periodo del año anterior. El dinamismo se concentró en las zonas urbanas, donde la cartera llegó a $16,6 billones, con un aumento del 7%, mientras que en áreas rurales se registraron $7,5 billones, creciendo un 5,4%.
El fortalecimiento del microcrédito evidencia una mayor demanda por parte de pequeños emprendedores que buscan recursos para sostener o ampliar sus actividades económicas. Ciudades como Leticia, Puerto Carreño, Mitú, Riohacha y Sincelejo destacaron por su notable expansión en cartera, mientras que Barranquilla lideró el crecimiento en número de clientes.
Inseguridad afecta microcréditos
A pesar del crecimiento del sector, la inseguridad se ha convertido en un obstáculo cada vez más evidente para los empresarios que dependen del microcrédito. Entre 2024 y 2025 las entidades microfinancieras registraron 577 incidentes de orden público que afectaron la operación normal del sector en diferentes regiones.
Los casos más frecuentes incluyeron:
- Presencia de grupos armados ilegales: 281 reportes.
- Restricciones de movilidad y delincuencia común: 155 casos.
- Extorsión, amenazas y panfletos intimidatorios: 88 incidentes.
- Secuestros o retención de funcionarios: 48 casos.
- Bloqueos, paros armados y atentados: 91 registros.
El departamento del Cauca encabeza la lista de territorios más afectados, con 148 incidentes, seguido de Valle del Cauca (69), Huila (64), Nariño (61) y Antioquia (47). Estas condiciones han limitado la posibilidad de realizar visitas de campo, gestionar cobros o acompañar procesos de crédito, actividades fundamentales para el funcionamiento del sistema microfinanciero.
Las alteraciones del orden público no solo restringen la operación de las entidades financieras; también comprometen el acceso de pequeños empresarios a los recursos necesarios para mantener sus negocios activos. En zonas donde la presencia de grupos armados o la extorsión son frecuentes, muchos emprendedores evitan solicitar crédito por temor a represalias o dificultades para operar sus establecimientos.
María Clara Hoyos, presidente ejecutiva de Asomicrofinanzas, advirtió que el reto del sector no solo es expandirse, sino garantizar condiciones seguras para los empresarios. “El microcrédito es clave para el progreso económico de las regiones. Pero en varias capitales del país sigue siendo urgente fortalecer la formalización, la productividad y la inclusión, especialmente frente a los riesgos de seguridad que enfrentan muchas comunidades”, señaló.
Perspectivas hacia el cierre de 2025
A pesar del complejo panorama, el gremio proyecta que el microcrédito cerrará el año con un crecimiento real cercano al 10%, la cifra más alta en siete años. Sin embargo, alcanzar este objetivo dependerá en gran parte de la capacidad del sector para operar en zonas donde la inseguridad es un factor permanente.
Asomicrofinanzas destacó que las entidades continúan adaptando sus estrategias mediante el fortalecimiento de canales digitales y la capacitación en gestión de riesgos, con el fin de proteger a sus colaboradores y seguir atendiendo a poblaciones vulnerables.
Mientras tanto, miles de pequeños empresarios —especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto y la criminalidad— siguen enfrentando la difícil tarea de mantener sus negocios a flote en medio de un entorno marcado por la incertidumbre.
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