Una reciente disposición tributaria ha generado inquietud en el sector inmobiliario colombiano. Se trata del Decreto 0572, expedido por el Gobierno nacional, que introduce cambios en las tarifas de retención en la fuente con el objetivo de adelantar el recaudo del impuesto de renta correspondiente al año 2026.

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Esta medida fue adoptada como parte de los esfuerzos por reducir el déficit fiscal, que actualmente se aproxima al 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Según el Ministerio de Hacienda, con esta normativa se busca recaudar aproximadamente 7 billones de pesos, lo cual representa el 0,4% del PIB del país.

No obstante, esta modificación ha empezado a generar inquietudes entre compradores y vendedores de vivienda, especialmente por el impacto directo en los costos de transacción y la rentabilidad de los negocios inmobiliarios.

La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) evaluó los posibles efectos de este decreto en el sector y en la economía de los colombianos. Según el gremio, la medida podría impactar negativamente las transacciones inmobiliarias y las labores de corretaje, dado que se incrementan las tarifas de autorretención aplicables a estas actividades.

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En particular, advierten que el encarecimiento de los procesos de compraventa podría desincentivar la inversión en vivienda y ralentizar la dinámica de un sector que históricamente ha sido motor del crecimiento económico y generador de empleo.

Fedelonjas, respaldada por empresarios y expertos en materia fiscal, ha solicitado la derogación del decreto. La federación argumenta que el aumento en la tarifa de autorretención, junto con la reducción del monto exento de retención en las ventas de vivienda, representa un riesgo importante para la estabilidad del sector.

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También se ha señalado que la medida fue adoptada sin una consulta amplia con los actores del mercado, lo que ha generado mayor incertidumbre y preocupación.

Desde el primero de junio, la retención anticipada aumentó significativamente. Para las actividades inmobiliarias catalogadas bajo el código CIIU 6820, la tarifa de autorretención en la fuente subió del 1,1% al 3,5%. Este cambio impacta de manera directa a quienes participan en negocios de bienes raíces, incluidos constructores, promotores, agentes inmobiliarios y compradores individuales.

Además de un posible enfriamiento del mercado inmobiliario, se anticipa un aumento en la retención para transacciones entre particulares. También se prevé una mayor carga administrativa para notarías y fiduciarias, lo que podría complicar aún más la situación para los distintos actores del sector.

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Algunos analistas incluso advierten que, de no revisarse la medida, podría haber un aumento en la informalidad de las operaciones inmobiliarias, en un intento de evadir los nuevos costos tributarios.

En medio de este panorama, los gremios insisten en la necesidad de buscar alternativas que contribuyan al equilibrio fiscal sin poner en riesgo la sostenibilidad de sectores clave como el inmobiliario.

Mientras tanto, se espera que el Gobierno evalúe los efectos colaterales de la medida y abra espacios de diálogo para concertar soluciones viables tanto para la economía nacional como para el bienestar de los ciudadanos.

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