La Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunciaron una alianza estratégica que permitirá convertir bienes incautados y actualmente bajo administración estatal, en oportunidades reales de vivienda para los colombianos.
A través de este convenio, los ciudadanos podrán acceder a inmuebles que alguna vez formaron parte de actividades ilícitas, ahora disponibles para compra mediante financiación otorgada por el FNA.
En una primera etapa, ya se habilitaron 100 propiedades para su adquisición, aunque el objetivo es integrar progresivamente todos los bienes administrados por la SAE al programa.
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“Gracias a este acuerdo, las y los colombianos tendrán una nueva opción para acceder a una vivienda digna, especialmente quienes más lo necesitan. Nuestro propósito es transformar estos bienes, que alguna vez representaron una desgracia para muchas personas, en bienestar para todos”, explicó Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE.
El convenio no solo está orientado a compradores individuales. También incluye incentivos específicos para empresas del sector constructor interesadas en desarrollar proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) sobre los terrenos administrados por la SAE. Aquellos que accedan al Crédito Constructor del FNA recibirán atención prioritaria y condiciones financieras preferenciales.
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Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA, señaló que este respaldo busca facilitar el desarrollo habitacional con impacto social: “Los constructores que financien proyectos VIS o VIP en lotes administrados por la SAE y que lo hagan a través de nuestro Crédito Constructor contarán con una atención prioritaria por parte de nuestro equipo especializado”.
Habrá ferias para conocer las propiedades
La alianza también contempla la participación activa de la SAE en las ferias inmobiliarias organizadas por el Fondo Nacional del Ahorro. Allí, la entidad podrá presentar su portafolio de inmuebles directamente ante el público, lo cual permitirá visibilizar propiedades que tradicionalmente han permanecido fuera del mercado convencional.
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Este acuerdo representa una alternativa concreta dentro de la política de aprovechamiento de bienes incautados, permitiendo no solo su recuperación económica, sino su integración efectiva en procesos de desarrollo urbano con enfoque social.
Además, amplía el portafolio de opciones inmobiliarias disponibles para los ciudadanos, especialmente para aquellos que buscan acceder a vivienda bajo condiciones preferenciales.
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