Un grupo de abogados venezolanos en el exilio presentó una petición ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se inicie una nueva investigación penal contra Nicolás Maduro por presuntos delitos adicionales a los procesos que ya enfrenta en ese país.
La solicitud plantea que se evalúe la posible comisión de delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, específicamente actos que, de comprobarse bajo la legislación estadounidense, podrían acarrear penas que van desde largas condenas de prisión hasta cadena perpetua.
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Esta solicitud se presentó el 4 de enero, apenas un día después de que Nicolás Maduro Moros y su esposa fueran capturados en Venezuela y llevados a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.
Ahora bien, en ciertos escenarios contemplados por la ley federal, incluso se menciona la posibilidad de sanciones máximas si se demuestra que los hechos provocaron el fallecimiento de de víctimas.
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De acuerdo con la información conocida, los juristas argumentan que la legislación de Estados Unidos permite procesar a personas que se encuentren dentro de su territorio por delitos como la tortura, aun cuando los hechos señalados se hubieran cometido fuera del país.
La ley señala que cualquier persona que, fuera de Estados Unidos, incurra o intente incurrir en actos de tortura puede recibir una condena de hasta 20 años de cárcel. Si esos hechos provocan el fallecimiento de la víctima, la sanción podría ser cadena perpetua o incluso la pena capital.
“En Estados Unidos, este principio solo se activa si el torturador está en territorio americano. No importa dónde estén las víctimas ni dónde ocurrieron los hechos. Lo determinante es que el ejecutor esté aquí”, explicó el abogado que lidera la iniciativa junto a los abogados José Valderrama, Villca Fernández y Julie Vanessa Siado.
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Esa posibilidad jurídica abriría la puerta a que fiscales federales evalúen la viabilidad de un nuevo proceso independiente al que ya cursa en tribunales estadounidenses.
“Procesalmente, no se pueden agregar nuevos cargos al expediente existente. Esto requiere una nueva investigación y es el fiscal quien decide si la inicia. Tiene un margen de discrecionalidad muy amplio”, explicó el abogado para el programa Tal Cual.
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El planteamiento no implica automáticamente una condena ni una ampliación inmediata de cargos. Corresponde a las autoridades judiciales estadounidenses analizar las pruebas, determinar si existen fundamentos suficientes y decidir si procede una investigación formal.
En el sistema judicial de Estados Unidos, este tipo de decisiones recaen en el Departamento de Justicia y en fiscales federales, quienes valoran la evidencia disponible antes de formular acusaciones.
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En caso de que se abra un nuevo proceso y se logre probar responsabilidad penal, las consecuencias podrían ser severas debido a la naturaleza de los delitos mencionados en la solicitud.
Por ahora, la petición representa un paso inicial dentro de un procedimiento que podría extenderse durante meses. Las autoridades deberán evaluar la información presentada y determinar si se cumplen los requisitos legales para avanzar en una nueva causa penal.
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