La muerte de Adriana Manotas Rodríguez, una mujer de 52 años, encendió nuevamente las alarmas sobre la seguridad de los procedimientos estéticos en Bogotá.
El fallecimiento ocurrió el pasado viernes 10 de julio, luego de que Adriana Manotas se sometiera a una intervención quirúrgica en un establecimiento ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, que operaba bajo presuntas irregularidades legales y sanitarias.
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía General de la Nación, la principal hipótesis de la investigación apunta a una posible intoxicación por medicamentos como causa del deceso. Los reportes oficiales indican que Manotas ingresó al sitio hacia las 6:00 a. m. para practicarse una liposucción.
Según el testimonio de su pareja sentimental, la mujer comenzó a presentar un fuerte malestar inmediatamente después de finalizar el procedimiento. Imágenes de cámaras de seguridad registraron el momento, cerca de las 10:00 a. m., en el que varias personas la sacan del inmueble, evidenciando su delicado estado de salud.
Posteriormente, fue trasladada a la sede de la Cruz Roja SAMU de La Alquería, donde falleció debido a las complicaciones que presentó en el posoperatorio.
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¿Qué más se conoció del lugar donde falleció Adriana Manotas?
Uno de los hallazgos más preocupantes revelados por las autoridades es que el sitio donde se practicó la cirugía estaba registrado oficialmente como una peluquería y no contaba con la habilitación requerida para realizar procedimientos invasivos o quirúrgicos.
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Además, el establecimiento funcionaba en una vivienda y, de acuerdo con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno, ni el lugar ni su representante legal estaban autorizados para prestar servicios de salud.
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Las investigaciones también establecieron que este centro estético ya era conocido por las autoridades. Desde noviembre de 2025, el Distrito había impuesto dos medidas sanitarias de seguridad por irregularidades detectadas: una contra el establecimiento y otra contra el profesional que allí ejercía.
Pese a estas sanciones y a las restricciones vigentes, el lugar continuó operando de manera clandestina, desacatando las órdenes de la autoridad sanitaria.
Tras la muerte de Adriana Manotas, la Secretaría de Salud realizó una nueva inspección el 10 de julio, durante la cual encontró evidencias que confirmarían la prestación ilegal de servicios médicos. En el inmueble fueron hallados materiales quirúrgicos y residuos biológicos, lo que evidenciaría la realización de procedimientos invasivos sin cumplir con la normatividad vigente.
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Como resultado de la diligencia, las autoridades ordenaron la clausura temporal total del establecimiento y el decomiso de 108 elementos, entre ellos equipos biomédicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
Mientras tanto, la Fiscalía espera adelantar nuevos allanamientos para recaudar más pruebas y establecer si existen méritos para emitir órdenes de captura contra los presuntos responsables.