Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante de vallenato Diomedes Díaz, fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria tras aceptar los cargos por los delitos de secuestro simple agravado y tortura.
La decisión fue adoptada por una jueza de control de garantías de Barranquilla, luego de que el procesado y otros cinco implicados alcanzaran un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.
Los hechos por los que fue judicializado Luis Mariano Díaz están relacionados con una presunta red de préstamos informales, conocida como "gota a gota", que operaba en el departamento del Atlántico.
Según las investigaciones de la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos, la víctima, identificada como Carlos Alfredo Mejía Vargas, trabajaba como cobrador para esta organización.
El conflicto se habría originado por la supuesta pérdida de una suma de dinero que oscilaba entre los 15 y los 30 millones de pesos.
De acuerdo con la Fiscalía, el 24 de junio de 2026 un grupo de aproximadamente 20 personas llegó a la vivienda de Mejía Vargas y, mediante amenazas, lo obligó a subir a un vehículo para trasladarlo hasta una casa ubicada en el barrio Las Granjas, en el municipio de Soledad.
Durante el tiempo que permaneció retenido, la víctima fue sometida a múltiples agresiones físicas con el propósito de obligarla a revelar el paradero del dinero. La Fiscalía aseguró que el hombre fue golpeado con tablas, tubos y la cacha de armas de fuego, además de sufrir una herida con arma blanca en una de sus manos.
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¿Qué delitos se le imputaron a Luis Mariano Díaz?
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Durante las audiencias, la Fiscalía sostuvo que Luis Mariano Díaz González no solo habría ordenado la retención ilegal de la víctima, sino que también participó directamente en las agresiones.
Según el ente acusador, el procesado llegó al lugar donde permanecía retenido Mejía Vargas y lo golpeó personalmente con la cacha de un arma de fuego.
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Mientras la víctima permanecía privada de la libertad, los captores exigieron a su familia el pago del dinero presuntamente perdido o, en su defecto, la entrega de un inmueble registrado a nombre de su padre.
Durante la audiencia de imputación, Díaz González y los demás procesados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Esta decisión les permitió acceder a una rebaja del 50 % de la pena, que quedó fijada inicialmente en cinco años y diez meses de prisión, en el marco del preacuerdo.
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Además de la aceptación de cargos, los procesados realizaron actos de reparación que fueron valorados por la justicia. Entre ellos se encuentran la devolución de los tres millones de pesos que la familia de la víctima entregó durante el secuestro, el pago de una indemnización y otras medidas orientadas a reparar el daño causado.
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La jueza Shiela Tatiana Ortega legalizó la medida de aseguramiento domiciliaria para los seis implicados al considerar que las pruebas presentadas por la Fiscalía, entre ellas las denuncias interpuestas de manera oportuna y los dictámenes de Medicina Legal, sustentan la investigación.
Para garantizar el cumplimiento de la decisión judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) instalará brazaletes electrónicos a los procesados mientras un juez de conocimiento emite la sentencia definitiva y decide si avala el preacuerdo alcanzado con la Fiscalía.
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