El proceso judicial por el atentado contra Miguel Uribe volvió a generar un intenso debate luego de que se conociera el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y uno de los procesados señalados de participar en el plan de escape tras el ataque.
La negociación, que contempla una importante reducción de la condena a cambio de aceptar su responsabilidad, fue rechazada por la familia del senador, que considera que la pena propuesta no corresponde con la gravedad de los hechos.
La controversia surgió luego de que la Fiscalía presentara ante un juez el preacuerdo firmado con Cristian Camilo González, señalado de haber esperado en motocicleta cerca del parque El Golfito para facilitar la salida del menor de edad que ejecutó el atentado.
Aunque el plan no pudo concretarse porque el adolescente fue capturado pocas cuadras después, la actuación del procesado hace parte de la investigación que busca reconstruir toda la operación.
Ahora será un juez de conocimiento quien decida si avala o no la negociación, una determinación que mantiene la atención sobre uno de los procesos judiciales más relevantes del país.
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Miguel Uribe: el acuerdo que desató la inconformidad de la familia
De acuerdo con la Fiscalía, Cristian Camilo González aceptó su responsabilidad por los delitos que le fueron imputados dentro del proceso. Como parte del acuerdo, el ente acusador fijó una pena de 11 años de prisión, una cifra considerablemente inferior frente a las sanciones planteadas para otros procesados vinculados al caso.
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En el documento presentado ante el despacho judicial, la Fiscalía explicó el papel que habría desempeñado el procesado durante el desarrollo del plan.
"Cristian Camilo González Ardila llega al parque El Golfito en una motocicleta y circula por el lugar en espera de que se materialice el homicidio. Una vez realizados los disparos, el menor infractor emprende la huida y es capturado pocas cuadras después, por lo cual Cristian Camilo González Ardila, a pesar de haber llegado al lugar según lo pactado, no pudo concretar su huida".
La familia de Miguel Uribe, representada por sus abogados, manifestó su desacuerdo con esta negociación al considerar que la reducción de la pena resulta desproporcionada frente a la gravedad de los hechos investigados.
Miguel Uribe: las víctimas cuestionan la reducción de la condena
Durante la audiencia, los representantes de las víctimas expusieron sus argumentos para solicitar que el acuerdo sea revisado antes de recibir aprobación judicial.
Según explicaron, la negociación elimina uno de los agravantes relacionados con el conocimiento de la condición de servidor público de Miguel Uribe, circunstancia que, en criterio de la defensa de las víctimas, no debería disminuir la responsabilidad del procesado.
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"Analice la proporción de la pena; estamos en el marco de una calidad agravada que, si bien se eliminó el conocimiento de que fue servidor público, tiene unos agravantes como la condición de indefensión en la que se encontraba Miguel Uribe Turbay en el evento y en el parque El Golfito", manifestó el representante de las víctimas durante la diligencia.
La defensa insiste en que el análisis debe valorar el contexto completo del caso y la participación que habría tenido cada uno de los implicados en la planeación y ejecución de los hechos.
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La decisión quedó en manos de un juez
Tras escuchar los argumentos de la Fiscalía, la defensa del procesado y los representantes de las víctimas, el juez decidió aplazar la definición sobre el preacuerdo.
La nueva audiencia fue programada para el próximo 6 de agosto, fecha en la que se establecerá si la negociación cumple con los requisitos legales y puede ser aprobada o, por el contrario, deberá modificarse o rechazarse.
Dentro del expediente, la Fiscalía sostuvo que el procesado tenía plena capacidad para comprender la ilicitud de sus actos al momento de participar en los hechos investigados.
"Cristian Camilo González Ardila tenía capacidad para comprender la ilicitud de la conducta y capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión. Sabía que portar un arma de fuego sin permiso y participar en estos hechos constituían delitos y le era exigible actuar de otra manera", señaló el ente acusador.
Mientras avanza el proceso judicial, el caso de Miguel Uribe continúa generando atención nacional debido a las decisiones que deberán adoptar las autoridades sobre cada uno de los procesados y el alcance de los beneficios contemplados en las negociaciones judiciales.
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