El Tribunal de Apelación de Tánger, en el norte de Marruecos, condenó a pena de muerte a una pareja por haber matado y despedazado a un niño de siete años, hijo del marido y de su exesposa.
Los dos esposos fueron acusados por "homicidio voluntario con premeditación", por el uso de "actos de barbarie contra familiares descendientes", y por "mutilación del cadáver", según informó la agencia oficial MAP.
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La pareja ha sido también condenada a pagar una multa de 500.000 dirhams (45.000 euros) a la familia de la víctima.
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El crimen ocurrió el pasado mes de noviembre cuando se encontraron restos del cadáver de un niño en un vertedero de Larache (norte del país), y las investigaciones llevaron al domicilio familiar de la víctima, donde aparecieron otras partes del cadáver escondidas dentro del frigorífico.
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Las investigaciones revelaron entonces que el padre del niño y su actual pareja decidieron estrangularlo y despedazarlo en su casa, tras sucesivas disputas con la madre del niño por el pago de la pensión familiar.
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El caso originó entonces una enorme conmoción social.
La condena se produce en un momento de indignación social por otro suceso terrible: el secuestro, violación sexual y asesinato del niño de Adnan (de once años) por un vecino en Tánger que lo enterró cerca de su casa.
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Este caso y otros parecidos resucitaron las reclamaciones para aplicar la pena de muerte a pederastas e infanticidas.
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Una encuesta realizada en julio de 2018 por el centro de investigaciones sociológico "Sinergia" demostró que el 44 % de los ciudadanos marroquíes se muestra a favor de aplicar la pena capital en los casos de pederastia, y el 18 % reclaman una condena a perpetuidad.
La sentencia a muerte suele dictarse en Marruecos en sucesos que crean gran alarma social, como los infanticidios o el terrorismo, pero el país aplica una moratoria (no declarada) sobre la pena máxima desde 1994, fecha en que tuvo lugar la última ejecución.
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Existe un movimiento abolicionista apoyado sobre todo por partidos laicos y organismos pro derechos humanos, pero los islamistas y los partidos conservadores se niegan a retirar la pena capital de la legislación marroquí.
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