La polémica en torno a la filtración y viralización de un video íntimo de Isabella Ladera y Beéle generó un sinfín de preguntas sobre la responsabilidad de los usuarios en redes sociales.
Aunque la curiosidad humana puede ser un motor poderoso, el abogado Francisco Bernate, en una conversación reveladora con El Klub de La Kalle, subraya que mirar el video no te convierte en delincuente, pero compartirlo, especialmente si tienes una plataforma con amplio alcance, podría acarrear serias consecuencias.
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Bernate, quien ha representado tanto a víctimas como a victimarios en situaciones similares, confiesa no haber visto el material por respeto a la privacidad de la mujer afectada, enfatizando que como usuarios, tenemos el compromiso mínimo de no infligir más daño.
La raíz del problema, según el abogado, reside en quien originalmente filtró las imágenes. Sin embargo, la cadena de difusión amplifica el daño. Es un deber de solidaridad con la víctima no reproducir ni compartir este tipo de contenido.
El impacto de la viralización es devastador: las personas expuestas en videos íntimos a menudo enfrentan dificultades para encontrar trabajo o establecer nuevas relaciones, una situación tan complicada que, en ocasiones, los lleva a cambiar de ciudad o incluso de país.
Tanto Isabella Ladera como Beéle son víctimas, pues la intimidad de ambos ha sido expuesta, causando un sufrimiento considerable.
¿Hay alguna aplicación para saber quién subió el video de Isabella Ladera y Beéle?
La buena noticia, desde el punto de vista técnico, es que sí existe la posibilidad de rastrear la fuente original de la filtración.
El abogado Bernate explica que cada acción que realizamos en el mundo digital deja una "trazabilidad". Un video, al estar en un teléfono, posee una "huella digital" que puede ser rastreada para determinar el momento y el dispositivo desde el cual salió hacia cualquier plataforma, ya sea WhatsApp, Twitter, Instagram o Facebook.
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Sin embargo, la realidad de la investigación en Colombia es más compleja. A menudo, el rastreo puede conducir a una dirección IP de un café internet o de una red Wi-Fi de un centro comercial, dificultando la identificación precisa del dispositivo o la persona.
Y lo que es aún más crítico, el abogado señala que "Colombia nunca quiere avanzar en estas investigaciones", lo que limita la efectividad de estas herramientas técnicas.
¿Cómo se podría llevar el caso de Isabella Ladera y Beéle?
Ante la ineficacia del sistema judicial en estos casos, el abogado Bernate plantea dos caminos para que las víctimas, en este caso Isabella Ladera y Beéle, puedan buscar justicia. La primera opción es la vía tradicional: acudir a la Fiscalía General e interponer una denuncia.
Sin embargo, el panorama no es alentador. Bernate advierte que "esa investigación toma 5 años por lo menos en el mejor de los casos no pasa nada".
La segunda y más probable opción que los involucrados estarían contemplando es la contratación de una investigación privada.
En Colombia, existen expertos en temas informáticos altamente competentes que pueden llegar a "conclusiones muy certeras sobre la forma en que ese video se viralizó".
Estos investigadores no solo pueden identificar el origen, sino también tomar acciones para detener la circulación del contenido. Este camino ofrece una esperanza de acción más rápida y efectiva ante la lentitud del sistema público.
¿Qué pasa si se descubre al responsable de la filtración del video de Isabella Ladera y de Beéle?
Aquí radica uno de los puntos más frustrantes de la legislación colombiana en comparación con otros países. El abogado Bernate es enfático: si se identifica al responsable de la filtración o de la viralización, "difícilmente va a estar tras las rejas en Colombia".
La razón es que, a diferencia de la mayoría de los países del continente, Colombia no cuenta con un delito específico llamado "revenge porn" o "pornografía por venganza".
Este vacío legal impide que la acción de difundir material íntimo sin consentimiento sea castigada con prisión de manera directa.
No obstante, la falta de cárcel no exime de responsabilidad económica. Si se logra establecer quién filtró o compartió el video, esa persona tendrá que "reparar a la víctima" o "a las víctimas".
Estas reparaciones no son menores; Bernate ha sido testigo de casos donde se han dictaminado "indemnizaciones multimillonarias" debido al inmenso daño moral y material que este tipo de exposiciones causa en la vida de una persona.
Mira la entrevista completa aquí: