La liquidación judicial de Presto, decretada por la Superintendencia de Sociedades, ha encendido las alarmas en el sector gastronómico de Colombia.
Luego de que la sociedad operadora Franquicias y Concesiones S.A.S. solicitara voluntariamente dar por terminado su proceso de reorganización debido a una crítica disminución en su flujo de caja, la principal preocupación social se trasladó de inmediato a las cocinas y mostradores: ¿Qué pasará con los empleados de Presto?
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Aunque el panorama corporativo es complejo, el régimen de insolvencia del país activa mecanismos específicos para mitigar el impacto sobre los trabajadores.
El marco legal y el futuro de los puestos de trabajo
A diferencia de otras quiebras comerciales donde las puertas se cierran de forma inmediata, la Superintendencia de Sociedades ha tomado una medida de protección operativa.
La liquidadora designada, Mónica Macías, determinó que los restaurantes de Presto seguirán operando con normalidad por el momento.
Esta decisión tiene un beneficio directo para el personal. Los contratos de trabajo de Presto se mantienen vigentes en el corto plazo para garantizar el funcionamiento de la cadena. El objetivo de las autoridades no es desmantelar la compañía pieza por pieza, sino venderla como una unidad productiva completa.
Si un grupo inversionista adquiere la marca en bloque, se activará la figura de la sustitución patronal, lo que significaría que el nuevo dueño asumiría los contratos actuales, salvando cientos de puestos de trabajo.
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Prioridad absoluta en el pago de salarios
Una de las mayores angustias de los colaboradores es el destino de sus sueldos, primas y cesantías. En este frente, la legislación laboral en Colombia es contundente.
Los derechos de los trabajadores tienen prelación absoluta sobre cualquier otra deuda de la empresa. En la escala de pagos de un proceso de liquidación, las acreencias laborales se ubican en el Primer Orden.
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Esto significa que si la empresa llega a cerrar definitivamente o se venden sus activos, el dinero recaudado se destinará primero a pagar los salarios e indemnizaciones adeudadas, antes de girar un solo peso a los bancos, proveedores o la DIAN.
Además, los salarios que se causen durante este periodo de operación controlada se catalogan como gastos de administración, lo que obliga a la liquidadora a pagarlos de manera prioritaria con el flujo de caja diario de las ventas.
El proceso también abre un periodo de incertidumbre para los empleados tercerizados o contratistas. Aunque la prioridad está sobre la nómina directa, el Ministerio del Trabajo suele vigilar de cerca estos casos para evitar despidos masivos sin justa causa o violaciones a los fueros sindicales o de maternidad si existieran.