
Precandidato Daniel Palacios habla de lo que hará con trabajadoras sexuales
El precandidato presidencial Daniel Andrés Palacios fue confrontado con la realidad no regulada y a menudo invisible de las trabajadoras sexuales en Colombia.

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El tema fue introducido por los entrevistadores, quienes señalaron que las "trabajadoras sexuales en Colombia no tienen ningún respaldo", a pesar de haber sido nombradas en varias ocasiones por gobiernos que prometieron ayuda.
El concepto abarcó un amplio espectro de labores, incluyendo "trabajadoras sexuales, wcamers, modelos, strippers y demás que están dedicadas a esos trabajos sexuales pagos en Colombia".
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Palacios no dudó en reconocer la seriedad del tema, destacando particularmente la industria del webcam. Subrayó que esta es una "industria que hoy es muy importante y es el tema del webcam," la cual genera "muchos recursos" e ingresos significativos.
Desde su perspectiva política, la solución radica en la inclusión de todos los sectores de la población. Palacios mantiene la postura de que en Colombia, el que piensa diferente no puede ser el enemigo, sino que el único enemigo es quien está "por fuera de la ley o el que pone en riesgo nuestra democracia".
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Esta filosofía se traduce en la obligación del Estado de incluir a todos los sectores, garantizándoles acceso a derechos y acceso a la protección estatal.
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El precandidato enfatizó que el trabajo sexual, en particular la modalidad digital, es una de esas "profesiones emergentes" que requiere un marco legal. La clave, sin embargo, es el propósito de la intervención estatal: la regulación tiene que ser "para apoyarla, no regulada para acabarla".
Argumenta que, en ocasiones, la regulación se utiliza para dificultar el ejercicio de la actividad en lugar de proteger a quienes la desempeñan.
Al abordar la dimensión social, los periodistas mencionaron que muchas de las personas en este sector son "madres cabezas de hogar" que eligen el trabajo sexual como una carrera, un trabajo que actualmente no está legalmente constituido en Colombia.
Palacios reconoció la validez de este punto y reiteró que, como una de las "nuevas profesiones digitales," debe tener su "regulación, su marco de protección".
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Aunque Palacios aclaró que el manejo específico sobre dónde y cómo ejercer el trabajo sexual es más un asunto de los gobiernos locales (alcaldías y gobernaciones), el marco de protección debe emanar del nivel nacional.
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El objetivo es establecer una regulación que proteja tanto a la persona que realiza la labor como al consumidor.
La experiencia de Palacios como Ministro del Interior, donde tuvo que trabajar con comunidades diversas como indígenas, afro, raizales, la comunidad LGTBIQ+ y comunidades religiosas, refuerza su argumento de que todos los grupos poblacionales deben ser receptores de garantías y derechos.
Su propuesta para las trabajadoras sexuales y la industria digital se alinea con su principio de que el Estado debe trabajar por todos los sectores de la sociedad.
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