La Corte Constitucional estudia una ponencia con la que se busca despenalizar el aborto en Colombia antes de las 16 semanas de gestación, decisión que acentuó un debate avivado en el país desde la semana pasada por la interrupción de un embarazo de siete meses de una mujer en el suroeste del país.
La ponencia es del magistrado Alejandro Linares, que busca además que tras las 16 semanas se mantengan las tres causales vigentes para realizar un aborto en Colombia: que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer; cuando la gravidez es producto de violación o incesto, y en caso de malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina.
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"UN AVANCE PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES"
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En 2006, la Corte Constitucional despenalizó las tres causales que hoy están vigentes y una de las organizaciones que promovió entonces esa propuesta fue la organización internacional Women's Link Worldwide.
Dichas causales fueron ratificadas por el mismo tribunal en 2018.
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Angélica Cocomá, abogada de esa organización, considera que si la ponencia es aprobada "constituiría un avance para los derechos sexuales y reproductivos en Colombia, en concreto para avanzar y derribar barreras y obstáculos que las mujeres siguen enfrentando, especialmente las mujeres en zonas rurales y en zonas de frontera".
La jurista explica a Efe que en esas regiones las mujeres son víctimas de "aislaciones, les piden requisitos que no existen, les dicen cosas que no son ciertas y enfrentan un montón de barreras que no debían asumir".
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La experta también valoró que las causales vigentes para abortar en Colombia son "un estándar mínimo de derechos humanos y en los últimos años el derecho internacional también ha llegado un consenso, analizando casos de distintos lugares del mundo, donde ha determinado que cuando se presentan estas tres situaciones este es un mínimo que se debe respetar".
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"NI UN ABORTO MÁS"
Al Palacio de Justicia de Bogotá, donde está la Corte Constitucional, llegaron centenares de personas que rechazan la ponencia y evocan el caso de la interrupción de un embarazo de siete meses de una mujer que alegó problemas de salud mental, a pesar de la oposición de su expareja, que intentó impedirlo hasta último momento.
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La mujer de 22 años se practicó en Popayán, capital del departamento del Cauca, el aborto en una clínica de la entidad privada Profamilia y su expareja Juan Pablo Medina, respaldado por la Iglesia católica y por otras evangélicas, argumentó que este caso no cumple con ninguna de las tres causales que contempla la Corte Constitucional para hacer el aborto.
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A esas causales se apegó Medina para tratar de impedir el aborto de su hijo dado el avanzado estado de gestación y al que incluso ya le había dado el nombre de Juan Sebastián.
"Juanse no murió, la Corte lo mató", gritó la multitud entre la que habían representantes de organizaciones como Unidos por la Vida y de iglesias que llevaban carteles como "La mujer embarazada, necesita apoyo, no un aborto" o "Ni un aborto más".
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La manifestación también se replicó en Medellín, donde otra multitud salió con banderas azules y pancartas con mensajes como "El aborto es una decisión tan miserable que un niño debe morir para que tú puedas vivir como deseas".
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"UN CAMBIO MUY FUERTE"
El presidente colombiano, Iván Duque, se pronunció frente a la polémica y aseguró que modificar la jurisprudencia actual generaría "un cambio muy fuerte para la sociedad".
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"En ese sentido, expreso mi opinión libremente y reitero: soy una persona provida, creo en la vida desde la concepción pero también creo que esas tres causales, que el país ha reconocido, yo creo que moverse de ahí sería algo muy duro para nuestra sociedad", añadió.
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opinión de Cocomá, si la Corte Constitucional aprueba la ponencia del magistrado Linares entraría a la lista de países "más de avanzada en la protección de los derechos de las mujeres" en América Latina como Uruguay.
"Colombia mantiene una posición que es buena, en la que garantiza las tres causales, pero no es tan progresista comparado con otros países de la región como Uruguay, que tiene un sistema que también permite por la simple solicitud de la mujer hasta ciertas semanas y luego las causales", detalló.
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De igual forma abriría otros retos porque, con la experiencia que ha vivido el país con la implementación de la sentencia de 2006, hay barreras que deben ser tumbadas para que haya mayores garantías para las mujeres que pretenden realizar un aborto.
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"Todavía falta una voluntad por parte de las instituciones prestadoras de salud para garantizar el acceso, para garantizar que haya disponibilidad en las zonas más alejadas, entonces también consideramos que independientemente del marco legal se van a seguir presentando las barreras", concluyó la abogada.
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