Una mujer fue sentenciada a cuatro años de prisión por agredir a un policía que le reclamó por ingresar al metro sin pagar el pasaje. El hecho tuvo lugar en la plataforma de la Estación Caribe del Metro de
La condenada, identificada como Darlin María Din Zambrano, fue encontrada culpable del delito de violencia contra servidor público tras la valoración del material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación. La agresión física y verbal ocurrió cuando un subintendente de la Policía Nacional le exigió a Zambrano el pago del pasaje tras ingresar al sistema masivo de transporte.
Durante el enfrentamiento, el uniformado sufrió una mordedura en su mano izquierda, resultando en una incapacidad médico legal de 12 días.
A pesar de la condena, a la sentenciada no se le concedió la prisión domiciliaria. La defensa de Zambrano ha apelado la decisión de primera instancia, presentando el caso ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.
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El juez penal del circuito de Medellín, encargado del caso, destacó la gravedad de la agresión perpetrada por Darlin María Din Zambrano, subrayando la importancia de preservar la integridad física y moral de los servidores públicos encargados de velar por la seguridad de la ciudadanía.
El Metro de Medellín, como principal sistema de transporte masivo en la ciudad, ha reforzado sus medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los usuarios y del personal encargado de su operación. Este incidente subraya la necesidad de respetar las normativas y pagar los pasajes correspondientes, no solo como un deber cívico, sino como un acto de consideración hacia quienes trabajan por la tranquilidad de la comunidad.
La condena de cuatro años de prisión se estableció tras un proceso judicial riguroso que garantizó la imparcialidad en el veredicto. La decisión de no conceder la prisión domiciliaria se basó en la gravedad de los hechos y la necesidad de mantener la integridad del proceso penal.
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La apelación presentada por la defensa de Darlin María Din Zambrano será analizada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, que tendrá la responsabilidad de evaluar los argumentos presentados y tomar una decisión final.
Este caso pone de manifiesto la importancia de respetar la autoridad y las normas establecidas en la sociedad, así como la necesidad de que las acciones violentas tengan consecuencias legales. La comunidad y las autoridades esperan que esta sentencia sirva como un precedente para prevenir futuras agresiones contra servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.
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