El suspenso legal que rodeaba a los habitantes más grandes y pesados del Magdalena Medio ha llegado a su fin.
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá tomó una decisión contundente: negó las ocho acciones de tutela que pretendían ponerle el freno de mano al plan de control poblacional liderado por el Ministerio de Ambiente.
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Así que, tras analizar argumentos técnicos y científicos, la balanza se inclinó a favor de la protección de los ecosistemas locales, dejando el camino despejado para aplicar la eutanasia a cerca de 80 ejemplares en una primera etapa.
La historia de estos animales en el país parece sacada de un guion de película de los años 80, cuando un pequeño grupo fue traído de forma ilegal por un conocido personaje de la época.
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Lo que empezó como un capricho de unos pocos individuos terminó convirtiéndose en un desafío ambiental sin precedentes.
Hoy en día, la población ya supera los 160 o incluso 200 ejemplares, y si no se toma acción pronto, los cálculos científicos sugieren que podríamos estar viendo a más de mil de ellos paseándose por los ríos colombianos en las próximas décadas.
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¿Pero por qué tanta urgencia? Resulta que estos gigantes no son precisamente "vecinos tranquilos" para el medio ambiente.
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Al carecer de depredadores naturales en Colombia, se reproducen a un ritmo acelerado y han comenzado a desplazar a la fauna local.
Especies como el manatí, la nutria, el chigüiro y el bocachico están viendo su hogar alterado.
Además, su presencia cambia la química del agua, reduciendo los niveles de oxígeno en los ríos y afectando la vida acuática que sustenta a muchas comunidades.
El Gobierno no llegó a la opción de la eutanasia como primera alternativa. Se evaluaron otras rutas, pero los números no cuadraban.
La esterilización es compleja, costosa y simplemente no va al mismo ritmo que la reproducción de la especie.
El traslado internacional sonaba bien en teoría, pero ningún país levantó la mano para recibirlos de manera efectiva, y el confinamiento resultaba inviable por los altos costos de manutención de animales que pueden vivir hasta 60 años.
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Ante este panorama, la justicia determinó que la medida es proporcional para evitar un desastre ecológico mayor.
El procedimiento para llevar a cabo este plan es casi una operación de ingeniería veterinaria. No se trata de algo improvisado.
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Primero, se deben construir corrales metálicos de al menos 15 metros cuadrados cerca de las zonas donde habitan los animales.
Para atraerlos, se utilizan "snacks" irresistibles que no forman parte de su dieta diaria, como frutas, verduras y melaza.
Una vez que el animal entra al recinto, un sistema mecánico asegura el cierre para proceder con la sedación química mediante dardos disparados con rifles neumáticos.
Expertos veterinarios supervisarán que todo se haga bajo estándares de bienestar animal, buscando minimizar cualquier estrés.
Si la sedación segura no es posible debido al terreno o al comportamiento del animal, se contempla el uso de equipo especializado para garantizar una muerte inmediata.
Luego, el manejo de los cuerpos requiere un protocolo de seguridad sanitaria estricto —con trajes impermeables y mascarillas de alta filtración— debido a que estos animales pueden portar enfermedades como la leptospirosis o la tuberculosis.
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