El trabajo de comprobación desarrollado por la senadora Jennifer Pedraza y su equipo siguió una metodología técnica y rigurosa dividida en etapas consecutivas.
En primer lugar, la congresista asistió de manera presencial y como una ciudadana del común a las instalaciones de la Fundación Universitaria San José para indagar sobre la oferta en programas de contabilidad.
En dicha visita, logró constatar de primera mano que la institución ofrecía la posibilidad de obtener dos títulos universitarios distintos en un periodo de tan solo tres semestres académicos.
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En segundo lugar, el equipo investigador recurrió a las herramientas institucionales de acceso a la información pública para obtener los datos oficiales de la postulada.
A través de la plataforma del Sistema Penal e Información de Empleo Público (SIGEP/CIGEP), se extrajo el número de cédula público de la exfuncionaria Juliana Guerrero.
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Con esta información, el tercer paso consistió en ingresar al portal oficial del ICFES para cotejar si existía el registro de la presentación de los exámenes de Estado Saber TyT y Saber Pro.
La consulta arrojó como resultado la ausencia total de dichas pruebas obligatorias en la base de datos nacional.
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El cuarto paso de la investigación implicó la solicitud formal de documentos mediante el envío de múltiples derechos de petición dirigidos tanto a la Fundación Universitaria San José como al Departamento Administrativo de la Función Pública.
Mediante estos requerimientos legales, se exigió la entrega de las sábanas de notas, los registros de asistencia a clases y las fechas exactas de expedición de las titulaciones otorgadas.
¿Qué hallazgos arrojó el cruce de datos masivo sobre la Fundación Universitaria San José?
Una vez recopilada la información de los derechos de petición, la fase decisiva del trabajo de verificación consistió en un cruce masivo de información entre los datos de Función Pública y las fechas de los exámenes del ICFES.
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Al comparar las fechas de emisión de los diplomas universitarios con los calendarios oficiales de realización de las pruebas Saber Pro, la investigación de Pedraza identificó al menos 700 títulos universitarios que presentaban graves irregularidades en su tramitación.
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Este hallazgo masivo demostró que el caso de Juliana Guerrero no se trataba de un hecho aislado, sino del modus operandi de una red estructurada.
El rastreo documental también permitió identificar a los directivos y dueños detrás de estas anomalías institucionales.
Entre los nombres vinculados en los expedientes presentados ante las autoridades destacan Francisco Pareja, exrepresentante legal de la Fundación Universitaria San José, antiguo militante del partido de la U y aliado político de Armando Benedetti, así como Stefanie Camacho, vicerrectora académica de la institución.
De igual manera, se detectó que los mismos propietarios de la universidad operaban otras instituciones educativas, como la corporación ICAFT o la universidad Like, ofreciendo programas académicos como biomedicina sin contar con los permisos oficiales del Ministerio de Educación.
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Finalmente, todo el material probatorio recabado mediante este procedimiento de verificación fue radicado formalmente ante la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones penales correspondientes.
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Asimismo, la senadora Pedraza ha compulsado las pruebas al Ministerio de Educación para exigir la apertura de procesos de inspección y vigilancia a los registros calificados, solicitando mesas de trabajo que protejan a los estudiantes honestos estafados por estas instituciones.
Escucha la entrevista completa aquí: