El origen de este escándalo se dio cuando se anunció la creación del Viceministerio de las Juventudes y se conoció la intención de nombrar en dicho cargo a Juliana Guerrero.
En ese momento, diversos líderes del movimiento juvenil del departamento del Cesar contactaron a la senadora Jennifer Pedraza para alertar sobre serias inconsistencias en la hoja de vida de la postulada.
Según las denuncias recibidas, la aspirante no contaba con las acreditaciones profesionales que afirmaba poseer en su expediente oficial.
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Ante estas alertas, el equipo de trabajo de la senadora inició un proceso riguroso de investigación sobre la trayectoria académica de Guerrero.
Al revisar la documentación registrada, se confirmó que la exfuncionaria ostentaba dos titulaciones universitarias: una como tecnóloga en contabilidad y otra como contadora pública.
Sin embargo, la primera gran irregularidad surgió al consultar el portal público del ICFES utilizando su número de cédula, el cual estaba expuesto en la plataforma pública CIGEP.
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La búsqueda oficial reveló que Guerrero jamás había presentado las pruebas de Estado Saber TyT ni Saber Pro, un requisito indispensable e indiscutible para obtener cualquier grado de nivel técnico, tecnológico o profesional en Colombia.
Asimismo, la investigación permitió constatar que la postulada no poseía tarjeta profesional registrada para ejercer la contabilidad.
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A pesar de no haber cumplido con los exámenes estatales ni contar con los soportes legales requeridos, Guerrero mantenía en su hoja de vida la acreditación de ambas carreras universitarias.
Este hallazgo inicial confirmó que los diplomas presentados ante entidades públicas carecían de los respaldos académicos exigidos por la ley.
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¿Cuáles fueron las consecuencias legales y qué delitos admitió Juliana Guerrero?
La profundización de la investigación demostró que los dos títulos irregulares fueron expedidos por la Fundación Universitaria San José.
De acuerdo con las pruebas recopiladas, Guerrero realizó consignaciones económicas directamente a las cuentas oficiales de dicha institución educativa para la expedición de los documentos.
Ante las acusaciones públicas formuladas en su contra, la exfuncionaria intentó desmentir los hallazgos asegurando en medios de comunicación que sí había cursado los estudios.
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Incluso, llegó a denunciar penalmente a la senadora Jennifer Pedraza ante la Corte Suprema de Justicia e inventó que la plataforma web del ICFES había sido objeto de un hackeo para ocultar sus resultados.
A pesar de sus iniciales maniobras defensivas y de sus señalamientos en redes sociales, el avance del proceso judicial obligó a Juliana Guerrero a aceptar su responsabilidad penal ante la Fiscalía General de la Nación.
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La exfuncionaria admitió haber incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público mediante un preacuerdo judicial.
Como consecuencia de esta aceptación de cargos, la justicia le impuso una sanción que ronda entre los 2,5 y 3 años de pena, la cual no implica privación efectiva de la libertad en centro carcelario ni prisión domiciliaria, sino una suspensión de la medida y una inhabilidad de 2,5 años para desempeñar cargos públicos.
Adicionalmente, el caso no se ha limitado únicamente a la falsificación de los diplomas universitarios.
Sobre Guerrero cursan otras tres denuncias penales ante la Fiscalía formuladas por la senadora Pedraza, las cuales involucran presuntos delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y usurpación de funciones en el Ministerio de la Igualdad junto a su hermana Verónica Guerrero.
El proceso judicial puso al descubierto cómo se presentaron certificados sin requisitos legales para acceder a altas dignidades del Estado.
Escucha la entrevista completa aquí:
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