El caso penal contra el cantante urbano Blessd dio un giro procesal tras la modificación de los cargos por parte de la Fiscalía, situación que abrió el debate sobre una eventual responsabilidad del Estado por los efectos que el proceso habría tenido en la imagen del artista.
En entrevista con El Klub de La Kalle, el abogado penalista Santiago Trespalacios, representante de Steven Mesa, conocido artísticamente como Blessd, y de su mánager, Santiago Jara, analizó la situación jurídica de ambos.
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Inicialmente, una fiscalía local imputó a los procesados por el delito de secuestro extorsivo agravado, conducta que contemplaba una pena mínima de 320 meses de prisión.
Sin embargo, después de que jueces de control de garantías desestimaran la existencia de dicho delito y la medida de aseguramiento, el caso fue reasignado a una fiscalía especializada.
Esta dependencia solicitó reformular la imputación por el delito de constreñimiento ilegal, que contempla una pena de entre 16 y 18 meses de prisión y no implica una medida de aseguramiento intramural en este caso.
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De acuerdo con las declaraciones de Trespalacios, la controversia se originó durante una reunión relacionada con presuntas irregularidades en el manejo del dinero del imitador de Blessd por parte de su mánager, quien, según el abogado, es imitador del cantante Ozuna.
El penalista aseguró que el imitador manifestó no haberse sentido secuestrado ni agredido. Asimismo, sostuvo que, desde la perspectiva de la defensa, los hechos investigados no configuraron una conducta delictiva.
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Trespalacios también señaló que tanto Blessd como Santiago Jara permanecen en libertad y, según su versión, no tienen restricciones para salir del país ni para cumplir con sus compromisos profesionales.
¿Blessd podría emprender acciones legales contra el Estado?
La modificación de los cargos puso sobre la mesa el posible impacto reputacional que el proceso habría generado en Blessd y su equipo de trabajo.
Trespalacios afirmó que la acusación inicial habría producido consecuencias negativas para el artista, entre ellas dificultades para concretar acuerdos con marcas comerciales. También cuestionó la diferencia entre la exposición mediática que tuvo la imputación inicial y la atención que recibió posteriormente la modificación de los cargos.
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Frente a la posibilidad de iniciar acciones legales, el abogado descartó presentar una demanda contra el denunciante del caso. Según explicó, esta decisión responde a su postura de respeto hacia el ciudadano involucrado y a sus condiciones económicas.
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Por el contrario, el jurista sostuvo que existen fundamentos jurídicos para estudiar una eventual demanda de reparación contra la Fiscalía General de la Nación y el Estado colombiano.
Según Trespalacios, la modificación de la imputación demostraría, desde la perspectiva de la defensa, que el señalamiento inicial fue desproporcionado. El abogado afirmó que la Fiscalía tendría que responder por los perjuicios que, según su versión, ocasionó la imputación inicial.
No obstante, el representante legal explicó que este tipo de procesos contra el Estado pueden extenderse durante varios años. Por esta razón, señaló que una de las prioridades de la defensa sería obtener una reparación simbólica mediante unas disculpas públicas institucionales que contribuyan a restablecer el buen nombre de los procesados.
La decisión de presentar formalmente una eventual demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo corresponderá a Blessd y a Santiago Jara.
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