
Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, volvió a estar en el centro del debate público tras su intervención en una audiencia judicial realizada el martes 13 de mayo,en la que se abordó el incidente de reparación integralpor los actos vandálicos que protagonizó en 2019 contra el sistema TransMilenio de Bogotá.
Su postura generó controversia: calificó de desproporcionado el monto que se le reclama como indemnización y pidió pagar únicamente por los daños que, según ella, efectivamente ocasionó.
La cifra exigida por los apoderados de TransMilenio, Recaudo Bogotá y Chubb Seguros supera los 467 millones de pesos.
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De este total, más de 423 millones corresponderían a lo que la entidad denomina como lucro cesante, debido a la pérdida de ingresos por pasajes no cobrados durante el tiempo en que la estación Molinos estuvo inactiva, así como por el daño a equipos tecnológicos.
Durante su intervención, Barrera no negó su responsabilidad, pero sí cuestionó la magnitud del monto exigido.
“La estación ya estaba cerrada desde días antes por las protestas. Yo dañé tres vidrios, y estoy dispuesta a pagar por eso. Pero me están cobrando una suma que no refleja lo que realmente pasó”, manifestó.
#Atención | Daneidy Barrera, ‘Epa Colombia’, respondió a la demanda de @TransMilenio y Recaudos Bogotá: “anhelo conciliar y pedir perdón al país”.
— Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 14, 2025
Cuestionó que le exijan $600 millones de indemnización por “tres vidrios” rotos en 2019. pic.twitter.com/XMRlBtMiEX
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¿Qué fue lo que hizo Epa Colombia para estar en la cárcel?
Los hechos se remontan al 22 de noviembre de 2019, en el marco del paro nacional y el llamado “estallido social”. En ese contexto, Barrera publicó un video en sus redes en el que aparecía destruyendo una estación de TransMilenio con un martillo,además de incitar a otros a hacer lo mismo.
La justicia colombiana la condenó por daño en bien ajeno, perturbación del servicio público e instigación a delinquir con fines terroristas, lo que la llevó a una pena privativa de libertad superior a los cinco años, que actualmente cumple en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
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“Yo anhelo conciliar. Me equivoqué y quiero reparar. Pero no puedo aceptar una suma que parece más bien una penalización por todo lo ocurrido ese día, cuando muchas más personas participaron y vandalizaron”, explicó la creadora de contenido, insistiendo en que la reparación debe ser justa y diferenciada.

Su abogado, Francisco Bernate Ochoa, respaldó esta postura, subrayando que la reparación también incluye el componente moral, además del económico. “Mi clienta ha manifestado voluntad de conciliación y de ofrecer disculpas públicas, lo cual ya es parte del proceso de resarcimiento”, declaró.
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El proceso, sin embargo, no concluyó con la audiencia. Las partes acordaron adelantar conversaciones privadas para llegar a un acuerdo conciliatorio, que incluirá un peritaje técnico para determinar la cuantía real del daño.
La jueza será notificada del resultado en una nueva audiencia programada para el 19 de septiembre a las 2:30 p.m.
Aunque Epa Colombia se mostró arrepentida y aseguró estar dispuesta a asumir las consecuencias de sus actos, su declaración de que los más de 600 millones de pesos solicitadospor las entidades víctimas representan “una suma extraordinaria” despertó críticas en la opinión pública, donde no faltan quienes consideran que está intentando evadir su responsabilidad con argumentos oportunistas.
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