Condenado a más de 30 años de prisión a paramilitar que decapitó a una niña en Córdoba

El exjefe paramilitar Albeiro Gómez Martínez, alias "Cobra", fue condenado a 30 años y ocho meses de prisión por su responsabilidad en dos masacres ocurridas en 2005 en las que fueron asesinadas ocho personas, entre ellas una menor de edad a la que degolló frente a sus hombres.

Así lo informó la Fiscalía este martes en un comunicado en el que explicó que Gómez, cabecilla del Bloque Héroes de Tolová de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue condenado por un juez de Antioquia por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.

Según las investigaciones de la Fiscalía, alias "Cobra", aceptó su responsabilidad en las denominadas masacres de San José de Apartadó (Antioquia) y La Resbalosa (Córdoba), en las que fueron asesinadas ocho personas, entre ellas tres menores de edad, el 21 de febrero de 2005.

El ahora condenado dirigió a un grupo de hombres que interceptó a tres integrantes de una misma familia en el caserío Mulatos (Antioquia).

"En medio de señalamientos de que auxiliaban a otra organización criminal que tenía injerencia en la región, los paramilitares asesinaron a la pareja y a su hijo de 11 años", detalló la Fiscalía.

La información añadió que los hombres se trasladaron al caserío La Resbalosa (Córdoba), donde sostuvieron un enfrentamiento armado con otra estructura ilegal, en el que murió un hombre.

En medio del intercambio de disparos, ingresaron a una vivienda en la que encontraron a una mujer muerta. Luego de recorrer el inmueble hallaron a dos menores de edad, a quienes atacaron con cuchillos y machetes. El padre de los dos pequeños entró al lugar y también fue agredido con armas blancas.

"Las evidencias dan cuenta de que, en ese sitio, alias 'Cobra' decapitó a una niña de 5 años frente a sus subalternos", explicó la Fiscalía.

Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).

Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes.

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