Tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a suelo estadounidense para enfrentar cargos de narcoterrorismo, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos no solo intervino militarmente, sino que asumirá la dirección de Venezuela de manera temporal.
El objetivo central de esta administración interina es claro: la reconstrucción y el control total de la industria petrolera venezolana.
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Trump ha sido transparente sobre sus intenciones económicas. Según el mandatario, las compañías petroleras estadounidenses regresarán al país caribeño para invertir miles de millones de dólares en una infraestructura que califica como "muy dañada".
"Vamos a hacer que ese petróleo fluya como queremos que fluya y vamos a operarlo correctamente", afirmó Trump, subrayando que las empresas serán reembolsadas directamente por su labor de rescate de la industria.
¿Quién ganará con el petróleo venezolano?
El plan de Washington implica una gestión directa de los recursos naturales del país. Trump aseguró que no se permitirá que "alguien más tome el control" sin considerar el bienestar del pueblo, pero dejó claro que Estados Unidos recuperará lo que considera un robo histórico por parte del chavismo.
"Nosotros construimos esa industria y ellos simplemente se la robaron como si nada", declaró el presidente, justificando la intervención como un acto de justicia económica.
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Este nuevo esquema plantea que el dinero generado por el petróleo se utilizará para reembolsar a quienes fueron víctimas del régimen y para asegurar que la población venezolana sea "rica, independiente y segura".
No obstante, la comunidad internacional observa con escepticismo. Mientras países como Italia ven la acción como una "intervención defensiva legítima" contra el narcotráfico, potencias como Rusia y China denuncian una violación flagrante del derecho internacional motivada por el deseo de controlar las vastas reservas energéticas.
La administración Trump ha designado ya a varias personas para liderar este proceso, aunque sus nombres se mantendrán en reserva por el momento.
Lo que es un hecho es que la política de "máxima presión" ha pasado de las sanciones a la gestión directa de los activos, asegurando que Venezuela se mantenga alineada con los intereses estadounidenses hasta que se logre una transición que Washington considere "adecuada y sensata".
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