La Gobernación de Cundinamarca emitió una sanción contundente contra el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en el municipio de Cajicá, y ordenó la cancelación de su licencia de funcionamiento. La decisión se tomó tras la muerte de Valeria Afanador, una estudiante de 10 años que falleció por ahogamiento en agosto de 2025.
Por medio de la Resolución N°. 004627 del 19 de junio de 2026, la administración departamental declaró al establecimiento educativo y a su rectora, Sonia Ochoa Daza, administrativamente responsables por una "infracción grave a las disposiciones que regulan la prestación del servicio público educativo".
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Según el documento oficial, la institución falló en sus deberes especiales de protección, cuidado y vigilancia de los menores bajo su cargo. La medida establece que la cancelación de la licencia no será inmediata, sino que empezará a regir al finalizar el calendario académico del año lectivo 2026.
Con el fin de garantizar el derecho a la educación de los demás estudiantes, la Gobernación ordenó a la rectora presentar un Plan de Reubicación de Estudiantes ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, con fecha límite del 31 de octubre de 2026.
¿Qué otras medidas se conocieron por Valeria Afanador?
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Además de la sanción administrativa, la Gobernación compulsó copias de todo lo actuado a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones penales correspondientes.
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En este sentido, la defensa civil de la familia de Valeria Afanador, encabezada por el abogado Julián Quintana, insistió en que el colegio presentó fallas críticas de infraestructura y seguridad que lo hacen vulnerable para cualquier menor.
Es importante destacar que la decisión aún no está en firme. El colegio todavía dispone de recursos legales para apelar la medida, por lo que la sanción no se ha hecho efectiva de manera inmediata. Debido a esto, la institución continúa funcionando con normalidad en Cajicá mientras se agotan las vías jurídicas pertinentes.
Recordemos que la muerte de Valeria Afanador ocurrió el 12 de agosto de 2025, tras reportarse su desaparición dentro del plantel educativo. Días después, su cuerpo fue hallado por un campesino en el río Frío, una zona colindante con la infraestructura del colegio.
Desde entonces, la familia de la menor y su representación legal han denunciado una presunta “omisión grave” por parte de los directivos y empleados de la institución, solicitando que respondan por el delito de comisión por omisión.
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