Continúan apareciendo detalles del proceso judicial por la muerte de la menor Valeria Afanador, esto después que la Fiscalía General de la Nación anunció este 2 de junio de 2026 radicará formalmente la solicitud de imputación de cargos contra dos empleados del Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en Cajicá, Cundinamarca.
Se conoció que la Fiscalía Primera Seccional de Zipaquirá determinó que existen elementos suficientes para vincular al proceso penal a Emely Fuentes, quien se desempeñaba como docente de la niña, y a Danny Javier Ochoa Prada, jefe de seguridad de la institución. Los dos serán vinculados por el delito de homicidio culposo.
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Ambos serán procesados por el delito de homicidio culposo, derivado de presuntas fallas en los protocolos de seguridad y una posible negligencia en el deber de cuidado y vigilancia de la menor. En especial, porque la menor de 10 años desapareció el 12 de agosto de 2025 mientras estaba en las instalaciones del colegio.
Según los registros de las cámaras de seguridad, hacia las 10:30 de la mañana, la niña fue vista jugando con un balón y acercándose repetidamente a una zona de vegetación y a la valla perimetral que colinda con el Río Frío. Las imágenes muestran a Valeria Afanador ingresando y saliendo de la zona.
¿Cómo encontraron a Valeria Afanador las autoridades?
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Después de una búsqueda que incluyó al Ejército, la Policía y organismos de socorro, el cuerpo de la menor fue hallado 18 días después en el sector de Fagua. El informe de Medicina Legal mencionó que Valeria murió por ahogamiento por sumersión el mismo día de su desaparición.
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Ante esta situación, la investigación se centró en reconstruir la respuesta del plantel educativo. Entre las pruebas se encuentran chats de WhatsApp donde los docentes preguntaban por el paradero de Valeria hacia el mediodía, evidenciando que no se sabía dónde estaba.
Por otro lado, el abogado de la familia, Julián Quintana, señaló que el colegio operaba en condiciones de vulnerabilidad, ya que la estructura se encuentra dentro de la ronda del río, incumpliendo las normas de seguridad que exigen una distancia mínima de 50 metros.
Debido a esto, la Fiscalía también ordenó una compulsa de copias para investigar posibles delitos ambientales por parte de la institución.
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