El caso de Valeria Afanador Cárdenas, la niña de 10 años que padecía síndrome de Down y cuyo cuerpo fue encontrado el 29 de agosto de 2025 en el río Frío de Cajicá, Cundinamarca, experimentó un giro crucial luego de una intensa acción judicial por parte de sus padres.
Inicialmente, la controversia se centró en las profundas omisiones de cuidado por parte del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde Valeria desapareció el 12 de agosto. Sin embargo, el más reciente pulso legal se dirigió directamente contra la Fiscalía General de la Nación.
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El lunes 22 de septiembre de 2025, los padres de Valeria, Luisa Fernanda Cárdenas Contreras y Manuel Fabián Afanador Casas, interpusieron una acción de tutela.
Esta medida buscaba proteger sus derechos fundamentales como víctimas (a la verdad y a la justicia) y el derecho de petición, pues alegaron que la Fiscalía les había negado reiteradamente el acceso completo al expediente y a pruebas fundamentales del caso.
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Desde el 21 de agosto, la familia había solicitado formalmente el reconocimiento de sus derechos y la entrega de copias íntegras del expediente, incluyendo órdenes de policía judicial, informes de campo, grabaciones, y citaciones a audiencias.
Posteriormente, ampliaron las peticiones exigiendo la recolección de registros fílmicos forenses, el análisis de dibujos hechos por la menor y sus compañeros, y la inclusión de terceros específicos en la investigación.
La respuesta que la Fiscalía 01 de Vida de Zipaquirá dio sobre los registros fílmicos fue que estos estaban "en proceso de extracción forense y sujetos a legalización," lo cual fue considerado por los padres como "evasivo" e insuficiente.
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La familia Afanador Cárdenas denunció que esta negación de acceso, incluso parcial, les impedía ejercer control sobre la investigación a través de los peritos e investigadores privados que habían contratado.
Además, argumentaron que la falta de coordinación interna entre las distintas delegaturas de la Fiscalía (que manejaron la desaparición forzada y luego el homicidio) constituía una forma de revictimización.
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Pocos días después de radicada la tutela, la defensa de la familia anunció un giro positivo. El abogado Julián Quintana informó, a través de un comunicado, que tras una reunión con el ente investigador, se logró un acuerdo considerado "positivo".
"Se nos garantizó el acceso al expediente," indicaron desde el equipo de defensa.
Este compromiso significa que el equipo de investigadores contratado por la familia podrá ahora revisar las pruebas y tomar copia de las actuaciones procesales. Este era el objetivo principal de la acción de tutela.
Debido a que se garantizó este derecho fundamental de acceso, la defensa está evaluando retirar la acción legal interpuesta contra la Fiscalía.
La familia Afanador Cárdenas espera que este compromiso se traduzca en resultados claros. Se ha programado una nueva sesión de trabajo para el 22 de octubre, donde se esperan avances concretos sobre las dos líneas investigativas que maneja la Fiscalía.
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Estas dos hipótesis principales son:
- Responsabilidad del colegio: Se investigan las "profundas omisiones en el cuidado" que pudieron haber facilitado la tragedia, indagando la posible responsabilidad de directivos y profesores del Gimnasio Campestre Los Laureles.
- Implicación de un tercero: Se busca establecer si hubo un tercero no identificado, ajeno a la institución, que participó en un presunto homicidio antes del hallazgo del cuerpo de la niña.
La familia enfatizó que sus acciones no buscan interferir con el proceso, sino complementarlo con la revisión de especialistas independientes, amparados en su condición de víctimas.
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El dictamen inicial de Medicina Legal determinó que la causa de muerte de Valeria fue ahogamiento, sin signos de violencia. Sin embargo, la familia ha rechazado la hipótesis de que la menor abandonara el colegio por su propia voluntad.
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