El panorama político colombiano registra una profunda controversia tras conocerse las revelaciones de la estratega catalana Eva Ferrer, exasesora de confianza de Verónica Alcocer.
En sus declaraciones ante la opinión pública, Ferrer emitió severos señalamientos que vinculan a la exprimera dama con presuntas actividades de lavado de activos y un supuesto uso irregular de bienes del Estado.
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No obstante, ante la contundencia de las afirmaciones conocidas por Semana, el entorno de Alcocer ha salido a desmentir tajantemente los hechos, calificándolos como relatos sin sustento probatorio, lo que abre un complejo escenario de versiones encontradas en el país.
Las acusaciones de presunto financiamiento e ingresos desde Venezuela
El eje central del testimonio de Ferrer se fundamenta en supuestas operaciones transnacionales irregulares. De acuerdo con su relato, la exprimera dama habría liderado el traslado de USD 2,5 millones desde Venezuela en enero de 2023, recursos presuntamente orientados a transacciones inmobiliarias en España que incluirían una propiedad tasada en cerca de 3 millones de euros.
Asimismo, Ferrer mencionó un supuesto ofrecimiento de 50.000 euros por parte de Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', durante la campaña electoral de 2022.
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Es importante entender que, hasta el momento, los señalamientos provienen exclusivamente del relato verbal de la estratega, dado que los fragmentos difundidos en medios de comunicación no han adjuntado documentos explicativos, fotografías ni transferencias bancarias que validen de forma independiente la existencia de dichos fondos ante la justicia.
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Bitácoras de vuelo y la postura de los implicados
El debate también se ha concentrado en la revelación de 149 bitácoras de vuelo oficiales en aeronaves del Estado, en las cuales se registra el transporte de Alcocer y su grupo de colaboradores cercanos, denominados popularmente como "Los Verónicos" (entre ellos Manel Grau y Xavier Vendrell).
Mientras los sectores de oposición exigen investigaciones rigurosas sobre el uso de recursos públicos para fines protocolarios o particulares, la defensa de la exprimera dama insiste en que sus desplazamientos siempre estuvieron enmarcados dentro de sus funciones de representación social y diplomática.
El caso ha trascendido el plano de la opinión pública para instalarse en el terreno judicial. Eva Ferrer manifestó que decidió romper el silencio por protección personal, asegurando que lleva meses oculta tras recibir amenazas contra su integridad física.
Su equipo de abogados solicitó formalmente garantías institucionales al actual gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. En contraposición, los juristas y aliados políticos de Alcocer señalaron que interpondrán acciones legales por difamación, argumentando que se trata de una estrategia de retaliación personal tras el quiebre de la relación de amistad entre ambas mujeres.