Colombia
está a punto de dar un giro histórico en la manera en que se cobran los servicios públicos. El sistema de estratificación socioeconómica, que es la base para la asignación de tarifas y subsidios por décadas, podría desaparecer para dar paso a un nuevo modelo basado en los ingresos reales de cada hogar.
Desde hace años, el país utiliza la clasificación en estratos del 1 al 6 para determinar el costo de servicios como agua, luz y gas. Bajo este esquema, los estratos más bajos reciben subsidios,
mientras que los más altos pagan tarifas elevadas para compensar esos beneficios.
Sin embargo, esta metodología ha demostrado ser inexacta y desigual, permitiendo que hogares con altos ingresos en estratos bajos se beneficien de subsidios, mientras que algunos de menores recursos en estratos altos pagan tarifas desproporcionadas.
Ante este panorama, el Gobierno Nacional propone un cambio estructural, la eliminación del modelo de estratos y la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), una herramienta que evaluaría la capacidad económica de cada familia con base en datos reales y verificables.
¿Cómo funcionará el nuevo sistema?
El RUI recopilará información de diversas fuentes oficiales, como los pagos al sistema de seguridad social, declaraciones de renta y retenciones en la fuente. A partir de estos datos, se determinará cuánto debe pagar cada hogar por sus servicios públicos, con el objetivo de hacer más equitativa la distribución de subsidios y el cobro de tarifas.
De acuerdo con el Gobierno, este modelo permitirá focalizar mejor los subsidios, evitando filtraciones a quienes no los necesitan y garantizando que los más vulnerables reciban el apoyo adecuado. Además, se busca corregir distorsiones del sistema actual, en el que la ubicación de la vivienda no siempre refleja la realidad económica de sus habitantes.
El cambio no solo impactará el cobro de servicios públicos, sino también otros programas sociales que dependen de la estratificación, como el Sisbén
. La transición a un modelo basado en ingresos reales podría generar ajustes en los subsidios de salud, educación y vivienda.
Sin embargo, el proceso también genera incertidumbre. Algunos sectores manifiestan preocupación por la privacidad de los datos y la capacidad del Estado para administrar correctamente el RUI sin generar errores que perjudiquen a los ciudadanos.
Además, se cuestiona cómo se hará la transición para garantizar que ningún hogar vulnerable quede sin apoyo durante el cambio.
¿Cuándo entraría en vigencia?
Aunque la propuesta está sobre la mesa, aún no hay una fecha exacta para su implementación. El Gobierno anuncia que en los próximos meses se realizarán pruebas y ajustes para garantizar la viabilidad del nuevo sistema antes de su puesta en marcha definitiva.
Lo cierto es que Colombia está en camino a una transformación profunda en la manera en que se cobran los servicios públicos.
La eliminación de los estratos podría significar una mayor justicia social y eficiencia en el uso de los recursos, pero también supone un reto técnico y político que deberá ser gestionado con precisión para evitar afectaciones a los ciudadanos.
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