Todo comenzó con un simple formulario y una ambición que salió bastante cara. Corría el año 2021 cuando la reconocida marca de ropa femenina, Lili Pink, decidió que era un buen momento para solicitarle una devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las autoridades tributarias.
Lo que parecía un movimiento contable estándar para recuperar recursos terminó siendo el hilo del que tiraron los investigadores para descoser un entramado de proporciones épicas.
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Según expertos en el área de fiscalización, si la empresa no hubiera intentado ese reclamo de dinero, es muy probable que sus movimientos internos hubieran pasado desapercibidos durante mucho más tiempo.
Lo que los estrategas detrás de la marca no calcularon fue la potencia de una herramienta digital conocida internamente como “el ojo de la Dian”.
Este software de vigilancia avanzada monitorea en tiempo real el comportamiento de los funcionarios y detecta cualquier comportamiento que se salga de los patrones normales de tributación.
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El sistema encendió sus luces rojas cuando notó dos cosas inusuales: primero, que varios funcionarios estaban consultando bases de datos oficiales que no tenían nada que ver con sus tareas asignadas; y segundo, que las solicitudes de devolución de la marca presentaban anomalías que no encajaban con la operación real de una empresa de su sector.
Al seguir el rastro digital, la investigación llegó a un punto geográfico muy específico en Barranquilla. En una sola dirección, los analistas descubrieron que se habían fundado más de 30 empresas textiles a lo largo de dos décadas.
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Estos negocios tenían un ciclo de vida casi coreografiado: aparecían como proveedores, tramitaban devoluciones de impuestos y luego desaparecían sin dejar rastro ni continuidad visible.
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El esquema funcionaba mediante una cadena de engaños apoyada en documentos falsos.
Se utilizaban las denominadas “facturas de papel”, registros emitidos por compañías que no tenían actividad real o que solo existían en el papel para simular la venta de telas e insumos que nunca se movieron de ningún estante.
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Al incluir estas facturas en su contabilidad, las empresas mostraban gastos inflados y pagos de impuestos inexistentes, lo que les permitía pedir que el Estado les "devolviera" un dinero que jamás había salido de sus bolsillos.
Pero el juego no se quedaba solo en los papeles. Las autoridades también identificaron una táctica conocida como contrabando técnico. Esta modalidad consistía en traer prendas de vestir desde el exterior y, una vez en suelo colombiano, cambiarles las etiquetas para que parecieran productos fabricados localmente.
De esta forma, la mercancía que entraba sin cumplir los requisitos de ley se mezclaba con la contabilidad oficial, adquiriendo una fachada de total legalidad frente a las auditorías superficiales.
La situación pasó de sospechas digitales a evidencias contundentes cuando se realizaron operativos de allanamiento.
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En medio de las inspecciones, los agentes encontraron una libreta con anotaciones detalladas que contenía nombres de funcionarios de la entidad tributaria junto a cifras y porcentajes.
Estos registros sugerían una dinámica de pagos irregulares para facilitar que los trámites de devolución de dinero fluyeran sin obstáculos, lo que confirmó que existía una red articulada dentro y fuera de la institución.
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