En un lamentable episodio que subraya la creciente violencia contra líderes sociales en el Putumayo, hombres armados acabaron con la vida de Phanor Guazaquillo Peña, líder indígena nasa, el pasado domingo. El trágico suceso tuvo lugar a las puertas del cementerio de Puerto Asís, cuando Guazaquillo Peña salía del funeral de otro defensor comunitario, Manuel Carlosama, líder indígena siona que perdió la vida en un accidente de tránsito.
Phanor Guazaquillo Peña, reconocido por su activismo en la defensa del territorio y su participación en la creación del capítulo étnico del acuerdo de paz con las FARC, fue atacado con varios disparos en pleno casco urbano de Puerto Asís, según informó la organización de derechos humanos Minga.
Este trágico suceso se suma a la alarmante lista de líderes sociales asesinados en el Putumayo en el último mes y medio, con nombres como Yamile Bernal García, Daniel Andrés Rivas, José Luis Alape , Elkin de Jesús Díaz Vergara y Pedro Salas, este último caído el pasado 4 de diciembre.
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La zona sur de Colombia, hogar de diversas comunidades indígenas, enfrenta una creciente amenaza por parte de grupos armados que buscan controlar territorios estratégicos y actividades ilícitas. La Minga denuncia que las comunidades indígenas son víctimas de esta violencia, agravada por la expansión de la actividad petrolera y minera, generando conflictos socioambientales.
La ONG de derechos humanos hace un urgente llamado al Gobierno para que proteja a las comunidades afectadas y emprenda acciones contundentes y estructurales. "Es imperativo prevenir, proteger e investigar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se están padeciendo en el Putumayo", expresó la organización en su comunicado.
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La escalada de violencia en Colombia ha alcanzado cifras alarmantes, según ha informado la Minga. Con las matanzas perpetradas el pasado domingo, el número de masacres en el país en lo que va de 2023 asciende a 90, lo que subraya la gravedad de la situación. Este dato resalta la urgente necesidad de abordar la creciente violencia que afecta a comunidades locales y líderes sociales, evidenciando la persistencia de conflictos armados y la vulnerabilidad de la población civil.
La organización Minga ha denunciado que los grupos armados en Colombia no solo perpetran actos de violencia, sino que también imponen formas de control social que representan un riesgo "permanente" de violación de los derechos de la población local. Este tipo de imposiciones, según Minga, actúan como un "preludio" de crímenes más graves, creando un ambiente de temor y vulnerabilidad en las comunidades afectadas.
Esta situación concuerda con las preocupaciones expresadas por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien en agosto alertó sobre la "expansión continua" de grupos armados no estatales en Colombia y s us estrategias violentas para controlar a la población civil. Aunque se reconocía una disminución del 19 por ciento en los homicidios contra defensores de Derechos Humanos en comparación con el mismo periodo del año anterior, la situación sigue siendo motivo de gran inquietud a nivel internacional.
*Con información de EFE
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